Madrid. El Gobierno de Mariano Rajoy está dando los últimos retoques a un nuevo plan de ajuste (privatizaciones) para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas que podría ascender a otros 30.000 millones de euros para las próximas semanas. Sin embargo fuentes del ministerio de Economía como Luis de Guindos niegan que la cifra o las medidas concretas estén cerradas. Admiten, eso si, que el Ejecutivo está preparando un paquete de medidas para avanzar en las políticas de consolidación fiscal para combatir el excesivo déficit. Pero recalcan que aún no se han decidido qué medidas se aprobarán ni, por tanto, se han cuantificado.
Lo que sí parece haber quedado claro es que las medidas tendrán que recibir el visto bueno de Bruselas antes de ser anunciadas, por lo que se analizarán en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE del próximo 10 de julio. Fuentes del Gobierno señalan que también se está preparando un plan de privatizaciones con el que se pretende ingresar hasta 30.000 millones que no irán destinados a reducir el déficit, pero sí a amortizar parte de la deuda. "La idea es recortar el coste de los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones públicas".
Efectos de los ajustes Este plan, que previsiblemente se aprobará antes de agosto, afectará a varios ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos. En concreto, el plan afectará a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid. Asimismo, contempla diversas desinversiones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como IAG, Ebro Foods o Red Eléctrica de España .
El Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda. El anterior Gobierno quiso privatizar parte de Aena y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y vender las participaciones de SEPI, pero canceló las operaciones al considerar que no se daban las condiciones de mercado oportunas. De hecho, el Gobierno actual, que se opuso a la privatización de LAE cuando estaba en la oposición, probablemente tampoco privatice la joya de la corona para evitar dejar de recaudar una cantidad anual fija a cambio de unos ingresos puntuales en un mal momento.
