El Gobierno Vasco acordó ayer prorrogar hasta el 31 de diciembre el contrato que financia los servicios de escolta de las personas pertenecientes a colectivos amenazados, que cuenta con una partida de diez millones de euros. El expediente actualmente en vigor fue aprobado para un periodo de dieciocho meses, que han expirado en mayo. Por ello, y dado que, según el Departamento, "aún persisten de manera parcial los motivos que originaron su puesta en marcha", se ha prorrogado.
