Cuando recientemente se hizo pública la última Memoria Anual de la Audiencia Nacional, los propios magistrados que componen su Sala de Gobierno interno respondieron por sí solos a esta pregunta, que flota en el aire especialmente desde que en él se adivina el dulce aroma del fin de la violencia: "Frente a las voces partidarias de que una vez finalizado el terrorismo, cuando menos el de carácter interno, la Audiencia Nacional debería desaparecer", apostamos por que este tribunal se centre ahora en otro tipo de delitos como los de carácter fiscal, dijeron, tratando así de entroncar con uno de los nervios sociales que marcan este tiempo en el que el desfalco y el desvío de capitales están a la orden del día.

Pero, ¿realmente tiene sentido mantener esta polémica instancia que apenas tiene reflejo en los países de nuestro entorno, existiendo ya como existen Tribunal Supremo y Constitucional, amén de las diversas instancias intermedias? DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA ha pulsado la opinión de diversos juristas que abordan esta delicada cuestión al albur de la esperanza de paz que sobrevuela Euskadi y sobre la que, de hecho, la propia Audiencia Nacional ya ha abierto una comisión de estudio para abordar su futuro.

Jaime Tapia es una de las banderas de la justicia vasca, y aunque no se deja en el tintero el dudoso origen de este tribunal -nacido del franquismo-, ni su cuestionada hoja de servicios, se muestra partidario de una "reconversión" que aproveche el capital invertido para evitar perder fuerzas en otros caminos. "La Audiencia Nacional tuvo un parto difícil como continuación del Tribunal de Orden Público, pero luego se ha encargado de asuntos relacionados con delitos como el tráfico de estupefacientes o la economía" que ahora podrían "mantener el sentido" de su vigencia. Sobre todo "por una cuestión de gestión, de recursos materiales y humanos", matiza. Porque si ahora que sin ETA se queda "prácticamente sin competencias" se disolviera, la alternativa pasaría por crear otro organismo similar en cada territorio, defiende, ya que cree preciso contar con una instancia "especializada". Por todo ello, reduce la alternativa a "desaparecer porque no tiene sentido o afrontar una reconversión", y ante ella, se decanta por que encuentre su nuevo "sentido" centrándose en los delitos económicos o de crimen organizado.

Bastión del "todo es ETA" A nadie se le escapa el protagonismo que este tribunal ha tenido -tiene y aún tendrá- en todo lo relacionado con lo que desde estos mismos ámbitos se dio en llamar el entorno y la propia organización armada. De él salieron las sentencias más polémicas que plasmaban la teoría del todo es ETA despertando las dudas de gran parte de la sociedad vasca. Precisamente, la razón primera que se arguyó para defender su continuidad en democracia fue la de contar con un "tribunal independiente" capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado por la presión política y social que se dijo que podrían encontrar los jueces en el País Vasco. Lo cierto es que ETA incluyó en su lista negra a un buen número de jueces, como ejemplificó el brutal tiroteo que segó la vida del magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia José María Lidón. Pero también lo es que la independencia prometida para este tribunal ha sucumbido en más de una ocasión al llegar al filtro del Constitucional, el Supremo o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han condenado en más de una ocasión a la Audiencia Nacional por vulnerar el derecho de los acusados a ser juzgados por "un tribunal imparcial".

Esto es precisamente lo que alimenta la crítica de uno de los nombres con más solera de la abogacía vizcaína, Ángel Gaminde, hoy en día presidente de la asociación de estudios jurídicos Res Pública. A él no le cabe ninguna duda de que la Audiencia Nacional "se creó con el único objetivo de que el poder judicial estuviera sometido a los dictados del Ejecutivo"; una "perversión" de la democracia que, a su juicio, los sucesivos gobiernos han explotado a su voluntad. Por eso, porque no hay en nuestro entorno "una jurisdicción especial como ésta", y porque la Audiencia Nacional "no sirve para nada para lo que no sirvan los tribunales ordinarios", Gaminde concluye rotundo: "no tiene más porvenir que su desaparición".

Sin embargo Enrique López, magistrado de este tribunal, no puede estar más en desacuerdo. Defiende convencido el futuro de este tribunal -"especializado, que no especial", subraya-, como método más eficaz en el combate de delitos que requieren de jueces que dominen desde el derecho materias como el delito financiero o el crimen organizado. "Igual que hay fiscalías especializadas y grupos especializados de Policía para luchar contra estos delitos, es necesario que también haya jueces especializados", explica. En este sentido López, miembro de la mayoritaria y conservadora APM, subraya que la eficacia de la AN es tal que Estados Unidos se está planteando copiar el modelo para dar cobertura judicial a los casos igualmente especiales que aborda el FBI.

Por todo ello y porque, añade, el terrorismo "trasciende a ETA", defiende que el Estado mantenga "siempre activos" estos instrumentos policiales y judiciales. "No tiene sentido que aquí nos estemos planteando eliminar la AN por el criterio reduccionista de que ETA desaparezca", sentencia.