EL juez Baltasar Garzón vinculó a Herri Batasuna con ETA basándose en la distribución a cargo de este partido de un vídeo supuestamente elaborado por la organización terrorista con la intención de irrumpir en la campaña electoral a través de los espacios destinados en las televisiones para tal fin. Era el año 1997.

Fue un punto de inflexión en la relación de la izquierda abertzale y los tribunales españoles. A partir de entonces, Ley de Partidos mediante, la sucesión de nuevas marcas electorales y sus correspondientes ilegalizaciones han sido una constante que solo tras el fallo conocido ayer sobre Sortu parece acercarse a su fin. En la mayoría de los casos, la razón esgrimida por los jueces en sus fallos hacía alusión a la incorporación en las nuevas planchas de candidatos pertenecientes en el pasado a formaciones ya ilegalizadas o, por otro lado, los tribunales detectaban la intención de dar continuidad a Herri Batasuna o la posterior Batasuna.

El Tribunal Constitucional quebró ayer esta dinámica al estimar el recurso de amparo presentado por Sortu y abrir las puertas de los colegios electorales a esta marca, a pesar de que probablemente sea EHBildu, la coalición soberanista que suma a Aralar, EA y Alternatiba, la propuesta que aglutine el voto de la izquierda abertzale en las urnas.

No obstante, la importancia del fallo conocido ayer reside en que a diferencia de proyectos anteriores como Bildu -en las elecciones locales y forales- y Amaiur -presente en los comicios generales y con el añadido de Aralar- ahora es la izquierda abertzale sin compañeros de viaje ni fagocitando partidos en vigor, pero en la práctica inactivos, la que logra el beneplácito de la Justicia española para defender su proyecto independentista, de igual a igual con el resto de la clase política en las urnas.

No ha sido un camino sencillo ni carente de escollos el que ha tenido que desbrozar esta formación, que vio cómo el 24 de marzo de 2011 la Sala 61 del Supremo prohibía su inscripción en el registro de partidos. Con el voto de nueve magistrados frente al sufragio particular de los siete restantes, la Sala determinó que la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuana utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. Los magistrados discrepantes, por su parte, no compartían en su voto el veto judicial al constatar que la formación de la izquierda abertzale había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al registro. Asimismo, valoraron de forma positiva el comunicado que desde Sortu se remitió a los diferentes medios de comunicación en el que condenó la kale borroka, toda una declaración de intenciones que la defensa de este partido se encargó de recordar en el recurso de amparo.

Casi a la misma hora en la que arrancó en la Audiencia Nacional hace un año el juicio por el caso Bateragune -que aún mantiene en prisión a Arnaldo Otegi y los dirigentes acusados junto a él de intentar recomponer la antigua Batasuna-, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional hizo pública, de forma paradógica, la admisión a trámite de la demanda de amparo formulada por la defensa de Sortu.

Con el paso de los meses, y sobre todo tras el cese de la actividad terrorista anunciada por ETA en octubre del pasado ejercicio, la presión social y política instando al Tribunal Constitucional a acelerar el anuncio del fallo ha ido acumulando adeptos, hasta el punto que desde Lehendakaritza se reconocía una posición mayoritaria de la ciudadanía vasca favorable a la legalización de Sortu.

Enmarcadas en esta última etapa de espera, el lunes se hizo público el fallo de la Audiencia Nacional que absolvía a los promotores de D3M y Askatasuna, plataformas abertzales también ilegalizadas, al considerar que defender los postulados de la izquierda abertzale no implica una vinculación con la banda armada. Además, el dictamen judicial enfilaba la que parecía la recta final de las dudas sobre el futuro de Sortu. Desde el PSE se apresuraron en señalar que esta sentencia tendría "influencia" en la voz de los jueces del Constitucional a la hora de pronunciarse sobre el futuro de la formación abertzale. Un formación legal.