Vitoria. "Decreto de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad autónoma del País Vasco". Este es el alambicado nombre con el que el Gobierno Vasco ha dado trámite al primer decreto de reconocimiento de víctimas de abusos policiales durante el franquismo y la Transición -debe aún aprobar otro relativo a hechos acaecidos en el periodo constitucional-, que entrará en vigor el próximo miércoles 20 de junio.

El texto finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno amplía su radio de acción respecto del borrador original desde 1968 hasta 1960, atendiendo a las alegaciones presentadas por algunos partidos. Y otra de las principales alegaciones tenidas en cuenta, explicó ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, es la planteada por el Gobierno español, que advirtió a Lakua de que el texto original podía presentar aspectos de inconstitucionalidad porque de su literatura pudiera haberse desprendido que la comisión evaluadora estaba suplantando el espacio de los tribunales de justicia. Unos problemas que la redacción final, explicó Mendia, ha subsanado, tal y como reconoció en una carta de finales de mayo la Dirección de Competencias Autonómicas, adscrita al Ministerio de Hacienda.

El decreto establece tres condiciones para considerar un hecho "violencia de motivación política": que fuera ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, que fuera realizada con la intención de influir en la sociedad y que se llevara a cabo en un contexto de impunidad. El artículo 5 del decreto excluye expresamente de esta consideración aquellos casos en los que el afectado "se encontrara desarrollando alguna actividad violenta, incluso en los casos en que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler directamente dicha acción violenta". Es decir, elimina la posibilidad de que se acojan a estas ayudas heridos o familiares de fallecidos que se encontraran preparando un atentado terrorista.

En la norma se mantienen las indemnizaciones previstas inicialmente, que van desde 35.000 a 390.000 euros, cuantías que como denunció la fundación Egiari Zor, son menores a las previstas en la legislación para las víctimas del terrorismo.

Según los datos que ofreció Mendia, el Gobierno Vasco maneja unas 62 personas fallecidas que cumplirían estos requisitos para su reconocimiento como víctimas de violencia política, aunque hasta el momento sólo han podido contactar con familiares de unas 25.

Con estos mimbres, explícitamente Mendia incluyó en los posibles beneficiarios de este decreto a los familiares de Angel Otaegi y Jon Paredes Manot, Txiki, miembros de ETA que formaron parte de los últimos fusilamientos del franquismo en 1975. Entrarían también dentro de los supuestos previstos en el decreto las víctimas del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, por ejemplo.

En cualquier caso, la normativa entrará en vigor el próximo día 20 de junio, de manera que desde ese día pueden plantearse las solicitudes oportunas en cualquier registro del Gobierno Vasco. La comisión evaluadora -que estará presidida por la directora de Derechos Humanos del Ejecutivo, Inés Ibañez de Maeztu- se constituirá en un plazo máximo de un mes desde el día 20, de manera que empezará a trabajar como muy tarde a finales de julio, atendiendo las solicitudes por orden de registro. El plazo para presentar solicitudes se prolongará durante 18 meses, hasta finales de 2013, aunque Mendia no descartó que, si fuera necesario, se amplíe.

Críticas del ministro Un decreto que da cumplimiento parcial al mandato que el Parlamento Vasco dio al Ejecutivo en marzo del año pasado con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Queda pendiente de elaboración un segundo decreto relativo al periodo de tiempo posterior a 1978, es decir, con la Constitución ya vigente, que plantea mayores dificultades jurídicas precisamente por ello, pero también seguramente algunas complejidades políticas más importantes, en tanto deberá contemplar por ejemplo casos de tortura.

Lo que no evita que la normativa aprobada ayer genere críticas. Ya cuestionó el PP vasco al conocerse el borrador en febrero la idoneidad de la iniciativa -pese a haber respaldado el mandato parlamentario-, y ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz fue contundente al afirmar que el decreto es "lamentable, injusto e impresentable" porque, a su juicio, significa "una equiparación de unas víctimas y otras, intentar poner en el mismo plano la acción de ETA con otras acciones colaterales que se hayan derivado de esta agresión al pueblo".

La portavoz del Ejecutivo vasco se mostró molesta por las palabras del ministro; consideró que probablemente "no se ha leído el decreto" e insistió en que el propio Gobierno español mostró su conformidad vía carta con las modificaciones introducidas. "Las violencias son distintas, pero el sufrimiento es el mismo", insistió Mendia.