Amnesty International rechaza excarcelar a presos de ETA pero reclama medidas

Una delegación de la organización, encabezada por su directora general de investigación, Nicola Duckworth, y por el director de AI en España, Esteban Beltrán, mantuvo encuentros este pasado jueves con el lehendakari, Patxi López; el Ararteko, Iñigo Lamarca; el comisionado para la convivencia y la memoria, Jesús Loza; y representantes del PNV, PSE-EE, PP, Aralar y Amaiur.

Según explicó Duckworth ayer, su presencia en el País Vasco se debe a que se "abren nuevas oportunidades para llegar a soluciones positivas de aquellos temas que afecten a los derechos humanos". La agenda que ha elaborado la organización incluye asuntos como el acceso de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la "verdad, justicia y reparación" o la necesidad de garantizar que los derechos humanos sean "la hoja de ruta en todo momento de la nueva situación que vive Euskadi" tras la renuncia de ETA a la violencia.

A su vez, el informe insta a que se deroguen algunos artículos de la Ley Antiterrorista y de la de Partido Políticos. En esta cuestión, Duckworth emplaza a que "se ponga punto final" a la incomunicación para los detenidos acusados de terrorismo y a que se introduzcan cambios en la legislación, la cual "actualmente permite una interpretación muy amplia del término terrorismo, lo que puede afectar negativamente a quienes aboguen por cambios de manera pacífica".

Por otro lado, la agenda aboga por establecer mecanismos independientes para investigar posibles casos de tortura y malos tratos y por desarrollar protocolos de uso de la fuerza.

RECONOCIMIENTO. Esteban Beltrán, por su parte, considera "muy positivo" el reconocimiento y la reparación que obtuvieron las víctimas de ETA y otros grupos armados en la ley vasca de 2008. Asimismo, estima que la reparación de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad a través de un próximo decreto ley del Gobierno Vasco, que abarca víctimas desde 1960 a 1978, es "un paso en la dirección correcta". No obstante, AI expresa su "preocupación" por la posibilidad de que no todas las víctimas de violaciones y abusos tengan acceso a la justicia. Beltrán se refería, de esta manera, tanto a las víctimas de las primeras décadas de atentados de ETA como a las de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad a las que se alude el primer decreto elaborado por el Gobierno Vasco.

En esta línea, Duckwoth confía en que "las víctimas de tortura no sean olvidadas" en el segundo decreto que planea desarrollar el Ejecutivo, que abarcaría a las víctimas de malos tratos desde 1978 a la actualidad. En concreto, a Amnistía Internacional le "preocupa" que el Gobierno Vasco "no parece estar poniendo en práctica todas las recomendaciones del Ararteko sobre malos tratos y tortura, como la identificación de los agentes o la mejora de las investigaciones de estos casos".

USO DE LA FUERZA. En esta línea, Beltrán afirmó que el Ejecutivo "debería investigar alegaciones de tortura en vez de querellarse contra aquellos que las denuncian", en referencia a la iniciativa aprobada en el Parlamento en 2010 en la que se instaba a Interior a querellarse "ante cualquier intento de erosionar la correcta actuación de la Ertzaintza".

En cuanto al "uso excesivo de la fuerza" por parte de los efectivos policiales, la delegación de AI insistió en la necesidad de crear mecanismos de investigación independientes para casos como el de Iñigo Cabacas, el joven que falleció en Bilbao por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

Asimismo, emplazó a adoptar un protocolo marco sobre el uso de la fuerza, ante lo cual, según aseguró Beltrán, el lehendakari se ha comprometido a estudiar su implantación.