Vitoria. Dentro de un mes comenzarán a repartirse las primeras ayudas a las víctimas de motivación política en el periodo comprendido entre 1960 y 1978. Un paso inicial que comenzará a ser una realidad cuando, el próximo martes, el Consejo de Gobierno apruebe este primer decreto que marca el final de un sinuoso camino y el inicio del que supondrá reconocer también a los damnificados por abusos policiales desde el final de la década de los 70 hasta la actualidad.

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, compareció ayer en el Parlamento Vasco para dar cuenta de esta iniciativa en la que en "ningún caso" se incluirá a las personas que hayan fallecido o resultado heridas por participar en actividades terroristas.

La consejera ha explicado que está previsto que una vez que el decreto se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, en el plazo de un mes, se reúna la comisión que se encargará de evaluar los expedientes de las personas que reclamen ser consideradas víctimas al amparo del citado decreto.

Según los plazos que ha barajado, la reunión constitutiva de la misma se celebrará alrededor del 15 de julio y en ella también comenzará el trabajo de evaluación de las peticiones de los posibles damnificados.

De este modo, las víctimas que sean reconocidas como tal por la comisión podrán cobrar también las indemnizaciones correspondientes, que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, por debajo de las cantidades estipuladas para las víctimas del terrorismo. Mendia aclaró que su Departamento cuenta con datos de 62 fallecidos por este tipo de violencia, aunque de momento sólo han podido ponerse en contacto con familias de 25, según explicó la consejera de Justicia.