Madrid. El precio por ocular 200 correos electrónicos que supuestamente incriminarían a la infanta Cristina y al rey en el caso Nóos es de 12,2 millones de euros. Así al menos se desprende de una información difundida ayer por El Mundo que indica que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, habría pedido esa cantidad, además de "un trabajo estable", por no tirar de la manta. El desglose es el siguiente: 10 millones por esconder los mails incriminatorios, 1,2 millones para pagar su fianza y la de su mujer, Ana María Tejeiro, y otro millón de euros para pagar a su abogado, Manuel González Peeters. Sin embargo el supuesto ultimátum ya ha tenido respuesta por parte, Mario Pascual Vives, el letrado que defiende los intereses del duque de Palma: exigir 10 millones de euros a cambio de no desvelar pruebas constituiría un delito de "extorsión".

Pero, por si acaso, el abogado catalán prefiere hablar en condicional. Cuestionado directamente sobre lo publicado ayer respondía: "Eso sería extorsión, ¿no? Jurídicamente el Código Penal lo califica como extorsión". Sin embargo, Pascual Vives reiteró que no le consta que se estén llevando a cabo estas conversaciones y tampoco cree que el exsocio de su cliente haya puesto una cifra encima de la mesa.

Empresario Sin embargo esta circunstancia no sería rara teniendo en cuenta lo publicado por El Mundo. Y es que según este rotativo, la negociación en torno al silencio de Torres no la habría llevado el letrado catalán, sino un empresario amigo de Urdangarin cuya identidad no ha sido desvelada.

Ese industrial es quien habría contactado con Torres tras la aparición de tres correos electrónicos en los que se demostraba que tanto el rey como la infanta Cristina, lejos de desconocer los negocios de Urdangarin y su ligazón con Nóos una vez había salido oficiosamente de su estructura en 2006, los apoyaban y promocionaban. Esto, unido al mensaje velado de que existen otros dos centenares de correos comprometedores, habría propiciado los contactos.

En primer término, el precio que Torres estableció por ocultar las pruebas habría sido de 30 millones de euros, una pretensión que fue calificada por el entorno del duque de Palma como "alocada" e "inasumible". Durante semanas de negociación (en las que las cifras habrían sido escritas en servilletas para evitar grabaciones según El Mundo), la minuta final ascendía a los 12,2 millones de euros antes desglosados, más la promesa de un "trabajo estable" para Torres y el compromiso de que tanto él como su esposa eludirían la cárcel si se declaran culpables de todos los cargos y asumen la responsabilidad del fraude. Otro de los puntos a atar sería quien asume la devolución de los más de 5 millones defraudados.