madrid. El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario.
La intervención de las cuentas de una comunidad autónoma que incumpla sus límites de déficit público no supondrá la suspensión de su autonomía, aunque sí puede suponer la disolución de los ayuntamientos que incurran en un desajuste similar.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, puso el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.
Según los cálculos de Hacienda, todas las autonomías "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento. Así lo prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entra en vigor hoy tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas insisten en que desde este departamento no se dudará en utilizar toda la normativa vigente si una administración pública incumple los objetivos de estabilidad presupuestaria, aunque hasta la fecha ninguna comunidad autónoma "ha pedido o sugerido" una intervención voluntaria de sus cuentas.
Algunas CCAA han pedido ayuda para confeccionar los planes económicos y fiscales. Sin embargo, estas fuentes no creen que vaya a haber sorpresas con los planes que tienen que remitir al ministerio y cuyo límite de entrega expiraba la pasada medianoche.
Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que las comunidades autónomas son conscientes de que las intervenidas serían penalizadas en los mercados a la hora de seguir financiándose y que es mejor pedir ayuda voluntariamente a la Administración General del Estado.
Ayer finalizó el plazo para que las comunidades autónomas presentaran sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
Habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que suspenden.
