Vitoria. Miles de personas marcharon ayer bajo la lluvia por las calles de Bilbao para protestar contra la doctrina Parot, pedir que se desactiven ésta y el resto de "medidas excepcionales" que fuerzan los límites de la ley para agravar las condenas que pesan sobre los presos del MLNV, y reclamar la implicación del Gabinete Rajoy en una dinámica de búsqueda de soluciones que impulse la superación de las consecuencias del conflicto y allane así la llegada de la paz.
Convocada por los firmantes del Acuerdo de Gernika, la marcha partió del corazón de la capital vizcaína con un lema claro a la cabeza: Es tiempo de soluciones. Desactiven las medidas de excepción. Y para ligar visualmente este mensaje con el reciente aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la controvertida doctrina Parot -que alarga hasta los 30 años la estancia efectiva en prisión de los presos-, escogió como portavoz a Jone Artola, miembro de Etxerat y hermana del preso Joseba Artola, al que se le ha aplicado esta doctrina. "El Estado pretende instaurar y perpetuar la situación de bloqueo, ya que no tiene interés alguno en la solución política y democrática del conflicto y está empeñado en arruinar la oportunidad abierta para construir la paz en Euskal Herria", denunció sin ambages desde las escalinatas del consistorio bilbaíno a la conclusión de la marcha dando lectura al manifiesto redactado por los convocantes.
Mano tendida ante el muro Y es que, en un momento en el que ya prácticamente todos los partidos y agentes sociales esperan los pasos con los que el Gabinete Rajoy podría empezar a desenmarañar la delicada cuestión de los presos, la marcha denunció ayer una decisión, la del Constitucional, que a su juicio no es sino "un ataque contra los deseos de paz y de solución de este pueblo" que también "ataca derechos humanos fundamentales, ya que legaliza el mantenimiento en prisión de aquellas personas que han cumplido la condena que en su día les fue impuesta cerrando la puerta al derecho fundamental a la libertad y dando paso a la cadena perpetua".
"Los poderes y aparatos del Estado han dejado en evidencia cuál es su voluntad ante el nuevo escenario abierto en Euskal Herria" dando carta de naturaleza a una doctrina que, según recordaron, "ha sido ampliamente cuestionada desde una óptica de justicia y de derecho, tanto en Euskal Herria como fuera de nuestras fronteras", denunciaron.
Y por eso, al ver confirmado que el Gabinete Rajoy no tiene previsto responder a estas reclamaciones y desmontar el muro tras el que el Estado se protegió de los embates de ETA, los firmantes del Acuerdo de Gernika apostaron por responder defendiendo con convicción e insistencia sus reivindicaciones, para lo que reiteraron su mano tendida al diálogo así como su más "firme compromiso de llevar este proceso hasta su último estadio"; aquél, subrayaron, en el que "toda la ciudadanía será vencedora" con el logro de una "solución democrática" en la que sean respetados "todos los derechos humanos" de todos los ciudadanos sin buscar "vencedores ni perdedores". Un objetivo para cuya consecución llamaron a todos los agentes, políticos y sociales, a "implicarse en la solución del conflicto y trabajar en su favor" ya que, a su juicio, ésa será la receta clave para vencer "el inmovilismo y el bloqueo que pretende el Estado", "avanzar en la solución, y superar todos los obstáculos que en su camino se impongan". "No hay otra, porque la mayoría no quiere otra cosa que no sea paz y soluciones justas y definitivas", concluyeron
Tras la pancarta se pudo ver, además de a familiares de presos afectados por la doctrina Parot y expresos, representantes de los partidos convocantes, diputados de Amaiur, Aralar, EA, Alternativa la izquierda abertzale, así como diversos líderes sindicales. Desde la coalición soberanista, el diputado Xabier Mikel Errekondo reclamó al Gobierno que "dé pasos en la resolución del conflicto" y "abra interlocución con el colectivo de presos políticos vascos". Desde la izquierda abertzale, Maribi Ugarteburu instó a los gobiernos a hacer política "basándose en el estricto y absoluto respeto a todos los derechos civiles y políticos", incluyendo los de los presos, y que no cierren "las puertas al diálogo". En la misma linea, el líder de EA, Pello Urizar, instaba al Gobierno español a actuar "con responsabilidad y altura de miras" porque la sociedad, dijo, no entenderá que rechace la mano que se le tiende.