Cien días de recortes
La crisis y el fin de ETA marcan los tres primeros meses de Rajoy en La Moncloa
yuri álvarez
MARIANo Rajoy cumplió el jueves cien días al frente del Gobierno español. Y lo hizo coincidiendo con la primera huelga general convocada por los sindicatos desde que fuera investido presidente el pasado 20 de diciembre. Un tiempo en el que el líder del PP asegura que se ha limitado a cumplir con su programa electoral -a excepción de la subida de impuestos, especialmente la del IRPF- y a aprobar medidas extraordinarias como consecuencia de la "herencia envenenada" recibida de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ese mismo programa es el que continuará aplicando pese al batacazo que ha supuesto quedarse a las puertas de la Junta de Andalucía y ver cómo el PSOE y Álvarez-Cascos superan al PP en Asturias. Desde las pasadas elecciones que le encumbraron como presidente español, la política de ajustes que ha abanderado le ha pasado una factura de casi 530.000 votos en las dos comunidades. Además de las medidas de marcado perfil económico -que son, como él mismo ya vaticinó, las que le han costado su primera huelga general-, la amenaza de los seis millones de parados y la gestión del final de ETA han sido los dos principales retos a los que ha tenido que hacer frente en sus primeros cien días de mandato.
Primeras medidas
Subida de impuestos
Tras insistir durante toda la campaña electoral en que el PP no iba a subir los impuestos, las primeras medidas anunciadas por el nuevo equipo de Gobierno confeccionado por Rajoy no podían ser más contradictorias. En el segundo Consejo de Ministros celebrado tras su investidura, su alumna aventajada convertida hoy en su brazo derecho, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba un paquete de medidas "extraordinarias y no previstas" encaminadas a reducir el déficit y el incesante goteo de desempleados.
Entre la batería de ajustes destacaba una subida del IRPF escalonada en siete nuevos tramos, donde se establecía un aumento del 0,75% para las rentas más bajas y hasta un 7% para las rentas superiores a 300.000 euros anuales. ¿En qué se traduce esta medida? Básicamente en que los trabajadores, en función de su salario, tendrán que pagar más por trabajar para que el Gobierno recaude los 6.000 millones que pretende embolsarse con esta medida, que en principio durará dos años.
Despido más fácil y barato
Reforma laboral
Si Rajoy delegó en Sáenz de Santamaría el anuncio de la subida de impuestos, la responsabilidad de comunicar una de las reformas laborales más duras de la historia recayó en manos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Al igual que con los impuestos, el líder del PP no se cansó de repetir durante la campaña electoral que no pretendía abaratar el despido, algo que finalmente sí ha ocurrido. Tal es así que, desde el pasado 10 de febrero, echar a la calle a un trabajador sale más fácil y barato que nunca.
De hecho, en el caso del despido improcedente de una persona con un contrato indefinido, la indemnización se rebaja de 45 días por año trabajado a 33. Esta situación llevada a la práctica implica que, por ejemplo, si una persona lleva dieciséis años trabajando y la empresa decidiera despedirle ahora, cobraría su indemnización en dos tramos -siempre que el despido sea improcedente-. Por un lado, cobraría con el baremo de los 45 días los dieciséis años que ya ha trabajado, mientras que por aquellos que transcurran tras la aprobación de la norma recibirá una indemnización de 33 días.
También se amplía el abanico de las causas que permiten a las empresas despedir con mayores facilidades. La reforma laboral brinda a los empresarios la posibilidad de acogerse a despidos colectivos antes incluso de que acrediten pérdidas. Bastará con que la facturación caiga durante tres trimestres consecutivos. En este caso, las empresas podrían acogerse a la indemnización más barata, de 20 días por año de trabajo y un máximo de doce meses.
Además de estas medidas, la actual reforma laboral también abre la puerta a obligar a las personas sin trabajo que estén cobrando ayudas sociales a realizar labores "de interés general en beneficio de la comunidad", al tiempo que otorga a los empresarios la posibilidad de cambiar la jornada laboral, los turnos, o el horario de sus trabajadores con tal de comunicarlo con quince días de antelación.
a la espera de su disolución
Gestión del final de ETA
Mariano Rajoy ha confiado a hombres de su máxima confianza la gestión del final de ETA. Reclutó al moderado presidente del PP catalán Jorge Fernández Díaz para confiarle la cartera de Interior, un gesto que muchos interpretaron como un guiño al sector más progresista del partido a pesar de que posteriormente no haya desarrollado tales planteamientos. Instituciones Penitenciarias tiene la llave para desatascar el proceso e impulsar una política acorde con las expectativas que ha levantado el comunicado de cese de la organización armada. Incluso ha nombrado a Ángel Yuste como máximo responsable de la gestión en las cárceles, el mismo que llevó las riendas de las prisiones durante la era Aznar, cuando se acercó a Euskadi a 190 presos de la banda. También ha llamado a filas a Alberto Ruiz-Gallardón para gestionar el fin de ETA desde la Justicia.
Pese a todo, todos ellos han tenido que articular un discurso en el que han intercalado mensajes de cara al sector más duro del partido con otros que han llegado a ser aplaudidos, incluso, por la izquierda aber-tzale. El principal exponente de este doble juego ha sido el propio Rajoy, que durante estos cien primeros días ha pasado de enfatizar a la antigua Batasuna que no le debe "absolutamente nada", a votar en contra de la ilegalización de Bildu y Sortu en el Congreso de los diputados.
Precisamente, la negativa de los populares a rescatar planteamientos del pasado fue la que derivó en el histórico -aunque genérico- texto común pactado por todas las fuerzas parlamentarias -a excepción de UPyD y Amaiur- para gestionar el final de ETA, un nuevo tiempo donde el PP ya ha dejado claro que supedita cualquier movimiento a la disolución incondicional de la banda.
Políticas recentralizadoras
Estado de las autonomías
A diferencia de los impuestos y del abaratamiento del despido, el presidente español nunca ha ocultado sus reticencias a la hora de mantener el Estado de las autonomías. Es más, el pasado 7 de marzo llegó a afirmar que existían excesivas duplicidades y solapamientos, y que "sobran" organismos y empresas públicas. Este mensaje fue interpretado por la mayoría de fuerzas nacionalistas como un ejemplo más de las "políticas recentralizadoras" de las que estaría echando mano el PP con la crisis como telón de fondo.
El primer ejemplo de este giro en las relaciones del Estado con las comunidades autónomas lo protagonizó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que anunció una nueva ley para controlar el déficit en los presupuestos de las comunidades autónomas. Es más, llegó a calificar la falta de liquidez como una "oportunidad" para imponer condiciones estrictas y reducir el déficit de las comunidades. Buena parte de los presidentes territoriales, salvo los del PP, salieron en tromba para criticar la "censura" a las cuentas.
El segundo ejemplo de este giro llegó de la mano de la reforma laboral aprobada hace un mes, un nuevo marco que también sirvió de excusa para potenciar los convenios colectivos de ámbito estatal dejando de lado el reconocimiento de un ámbito vasco de negociación colectiva y dando pie a un nuevo frenazo al autogobierno vasco.
Son solo la punta de un debate que ha estado muy presente durante los primeros cien días de Rajoy en el Gobierno, principalmente por el empeño del PNV en conocer hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su intento de adelgazar las administraciones. El malestar que han causado estas políticas ha llegado a tal punto que el propio presidente español tuvo que puntualizar en el Congreso que el plan de eficiencia y austeridad de las administraciones públicas se limitará a intentar racionalizar su funcionamiento y no a tocar los pilares del sistema. En respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el portavoz jeltzale Josu Erkoreka, Rajoy adelantó que no habrá un cambio de modelo en el Estado de las autonomías, aunque ello no garantice el fin de las políticas recentralizadoras.
Pensiones, sanidad y educación
Políticas sociales
"Habrá recortes en todo, menos en las pensiones, la Sanidad y la Educación". Dos días antes de proclamarse presidente, Mariano Rajoy hablaba claro sobre las intenciones con las que pretendía desembarcar en La Moncloa. Y lo cierto es que, de momento, ha mantenido esa promesa en sus cien primeros días al frente del Gobierno. El problema es que se pretende ahorrar 16.500 euros por la vía de los recortes mientras el incremento de las pensiones apenas ha sido del 1%. Este porcentaje traducido en cifras supone que una persona con una pensión media -810 euros- tendrá un incremento de 113 euros anuales. En la CAV la pensión media asciende a 1.001 euros, por lo que se incrementará en 10 euros mensuales y 120 anuales.
En materia de Educación, la principal novedad propuesta por Rajoy ha sido la implantación del bachillerato de tres años, una medida que iría encaminada a paliar la "inaceptable" tasa de abandono escolar de los estudiantes españoles -en torno al 30%- y a mejorar, según el PP, la preparación de los universitarios, además de elevar el nivel cultural del Estado. A falta de que esta propuesta adquiera mayor concreción por parte del Ejecutivo -se estima que el nuevo sistema podría entrar en vigor en 2013-, esta medida ya ha despertado malestar en varias comunidades autónomas, entre ellas la CAV, donde la consejera Isabel Celaá se ha mostrado abiertamente en contra de este precepto al entender que los jóvenes podrían dejar los estudios tras el tercer curso de Secundaria, con 15 años.
En el área de Sanidad, la implantación del copago planea sobre las medidas de ajuste, mientras que en materia de Vivienda, el Gobierno español ha cerrado ya el grifo a la ayuda de 210 euros para el alquiler.
El rey y Zapatero asistieron a la toma de posesión de Rajoy como nuevo presidente español.
El presidente español hizo frente el jueves a su primera huelga general, cuando cumplía cien días al frente del Gobierno
Rajoy acudió en solitario al primer Consejo de Gobierno, donde anunció los primeros ajustes.
La reunión con los sindicatos no ha evitado la primera huelga general de la legislatura.
Marruecos ha sido el país elegido por Rajoy para realizar su primer viaje oficial.
