madrid. Juristas internacionales y miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos, que van a asistir como observadores internacionales en el segundo juicio a Baltasar Garzón, destacaron ayer, un día antes de que comenzara la vista en el Tribunal Supremo, que "es la primera vez en la UE que se sienta en el banquillo a un magistrado por perseguir crímenes internacionales". Representantes de la Comisión Internacional de Juristas, de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch vigilarán a partir de hoy el desarrollo del juicio por prevaricación contra el magistrado por investigar crímenes del franquismo, ya que estiman que la decisión del Supremo incidirá sobre "otras causas abiertas por delitos de jurisdicción universal, de la que España fue pionera, a través del magistrado que ahora es juzgado".

En su análisis, todas estas organizaciones coinciden en que el proceso "afecta a la independencia del Poder Judicial" y opinan que "se daña la imagen, que desde muchos países se tiene, de la justicia española, que en pocas ocasiones recibe la petición de observadores para controlar el juicio". Los juristas también creen que el proceso tiene "un efecto de intimidación" sobre otros jueces que están analizando delitos de lesa humanidad. "Los abogados y jueces de otros países del mundo tienen los ojos puestos en las represalias a Garzón", dijo el jurista norteamericano Redd Brody, quien se mostró sorprendido por el escaso rechazo que este proceso ha suscitado.

Para el consejero jurídico de Amnistia Internacional Hugo Relva, "la obligación de España y de cualquier estado es perseguir cualquier violación de derechos humanos y no se puede juzgar a ningún juez por hacerlo".

Se trata de la segunda ocasión en pocos días en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por ordenar escuchas entre los cabecillas de Gürtel y sus abogados en prisión.

La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución, si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años.