vitoria. Los lodos de la Ley de Partidos volvieron ayer a la Audiencia Nacional, donde arrancó el juicio contra 19 simpatizantes de la izquierda abertzale acusados de provocar en 2003 la suspensión de la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Llodio ejerciendo el "amedrentamiento" y la "coacción física y verbal" contra los representantes populares presentes. Así lo defiende el fiscal, que sostiene que los acusados "no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos y amenazar" a los populares para tratar de impedir que ocuparan su lugar en el Salón de Plenos.

Sin embargo, la defensa y los propios encausados escribieron ayer ante la juez Ángela Murillo un relato diferente, según el cuál su intención era sólo "protestar pacíficamente por una situación injusta": la que supuso la ilegalización de la candidatura Laudio Aurrera e incapacitó al hasta entonces alcalde, Pablo Gorostiaga, a su juicio "un alcalde ejemplar", para volver a participar en la pugna electoral.

Según defendieron los acusados, fueron los ediles populares y sus escoltas los que "enervaron el ambiente" provocando la espiral de tensión que desembocó en la suspensión del Pleno. "Los guardaespaldas entraron a empujones intentando llegar a la zona donde se sentaban y se pusieron en sus sitios a golpes, no creo que hubiera ninguna necesidad", señaló Gaizka Amorrortu, miembro de la plataforma anulada por el Supremo. "Se llevaron por delante todo", apostilló otro imputado, antes de que todos coincidieran en asegurar que no agredieron, insultaron, amenazaron ni escupieron a los cargos electos, como sostiene el fiscal, y que lo único que hicieron fue silbarles y exhibir ante ellos carteles con lemas como No al pucherazo o Democrazia aurrera. La protesta era "legítima y pacífica. Queríamos denunciar que no todas las opciones políticas habían podido concurrir y estábamos reclamando democracia, nada más", sostuvo Jon Ander Altube.

"abascal me dio una patada" Según el fiscal, durante los incidentes fueron agredidos tanto los tres concejales del PP que ese día iban a tomar posesión de su acta de concejal en Llodio -Santiago Abascal, Rosa María Torres y Montserrat Canive- como los diputados Carlos Urquijo y Santiago Abascal, y Javier Mosquera, que se encontraba entre el público, y todos tuvieron que abandonar la sede consistorial bajo la protección de sus escoltas.

Sin embargo, los procesados, que admitieron haber silbado a los populares a su llegada, dieron la vuelta a la acusación culpando a Abascal y Urquijo de haber sido quienes les agredieron en medio de la tensión imperante. Así lo aseguró sobre el primero Urtzi Goitia, que le acusó de haberle dado "una patada", y sobre el segundo Kepa Garrote.

El fiscal atribuye a los 19 coacciones terroristas o alternativamente un delito contra las instituciones del Estado y pide para ellos penas de entre tres y seis años. Además, solicita importantes multas por lesiones y en concepto de responsabilidad civil. El juicio continuará hoy con el testimonio de otros cuatro de los imputados.