GASTEIZ. Los alcaldes de Gasteiz, Javier Maroto, y de Donostia, Juan Karlos Izaguirre, junto con el consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Aldekoa, y la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, han comparecido hoy ante la comisión parlamentaria que estudia las duplicidades en el entramado institucional vasco.
La comisión nació a raíz de un informe encargado por el Gobierno vasco en el que se constata que las duplicidades e ineficiencias en las que incurren el Gobierno vasco, las diputaciones y los principales ayuntamientos suponen que las administraciones vascas derrochan un mínimo de 403 millones de euros.
Según este informe, las diputaciones son las responsables del 50 por ciento de estas duplicidades, el Gobierno vasco del 30 por ciento y el 20 por ciento restante corresponde a los municipios analizados entre los que se incluyen las capitales vascas.
Todos los que han comparecido hoy han coincidido en señalar que los ayuntamientos prestan servicios que no les competen, por lo que han exigido que se concreten las competencias municipales y se garantice la financiación suficiente para asumirlas.
No obstante, los representantes municipales han discrepado en algunas cuestiones relacionadas con el actual entramado institucional vasco que han defendido tanto el consejero delegado de Bilbao como la presidenta de Eudel, aunque también han expresado la necesidad de mejorarlo.
El alcalde donostiarra, en cambio, ha apostado por que se abra este debate sobre duplicidades pero ha abogado al mismo tiempo por un cambio del marco político porque el Estatuto de Gernika está "agotado".
Por su parte, el alcalde de Gasteiz ha defendido cambios legislativos como el de la Ley Municipal porque el reparto de algunas competencias actualmente "no está bien definido" y, en su opinión, es mejor tener esa legislación que no tenerla.
La presidenta de Eudel ha precisado que no todas las duplicidades reflejadas en el informe son tales ya que éstas solo existen cuando se ejercen en paralelo pero no cuando se gestionan de manera complementaria.
Ha reconocido que nadie duda de la complejidad del entramado institucional pero a continuación ha resaltado que este sistema funciona "razonablemente bien aunque es mejorable".
Con datos de 2007, Bengoetxea ha señalado que, según un informe, el 32 por ciento del gasto de funcionamiento de los municipios se dedica a hacer frente a servicios no obligatorios con "un impacto financiero considerable", de ahí la necesidad de una ley municipal que acabe con la inseguridad jurídica competencial.
También ha planteado la necesidad de que los ayuntamientos estén representados en el Consejo Vasco de Finanzas con voz y con voto.
El consejero delegado del Ayuntamiento de Bilbao ha defendido también la eficacia del actual entramado institucional vasco, aunque ha reconocido "zonas grises" y desajustes competenciales que es necesario revisar.
Aldekoa ha acusado al Gobierno vasco de elaborar un informe con un mensaje "alarmista y peligroso" al hablar de un "entramado despilfarrador" y ha dejado claro que mejorar, ajustar, coordinar y colaborar entre administraciones no significa que el sistema institucional vasco no funcione.
Asimismo ha criticado el proyecto de ley Municipal de Euskadi por carecer de una memoria económica y por no garantizar la financiación competencial.
El alcalde donostiarra ha constado que los ayuntamientos desarrollan competencias que no les corresponden pero ha dicho que se ven obligados a prestar dichos servicios porque las administraciones competentes no lo hacen y ha defendido esta política porque el eje de todo debe ser el propio ciudadano.
En su opinión, en los últimos años se ha producido un "gran fraude" en cuanto a la capacidad financiera de los ayuntamientos ya que las diputaciones han dejando muchas competencias en manos de los municipios pero sin acompañarlas de recursos, lo que provoca que en ocasiones se tengan que privatizar algunos servicios o que los ayuntamientos se vean obligados a asumir todo el coste.
Por su parte, el regidor vitoriano ha dejado constancia durante su comparecencia de las divergencias entre algunos municipios vascos que asumen unas competencias que otros no ejecutan, lo que genera diferencias en la atención que reciben los ciudadanos de los ayuntamientos en función de donde vivan.
Maroto ha puesto varios ejemplos de duplicidades administrativas y ha citado, entre otras, las tramitaciones urbanísticas, cuyos expedientes tienen que ser revisados por varias instituciones lo que provoca "dedicar seis veces más recursos públicos"
