madrid. El Gobierno quiere que el régimen de sanciones a las comunidades comprometido en la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria permita al Estado congelar o incluso reducir las aportaciones que realiza a las autonomías que no cumplan los objetivos de déficit público, en la línea de las medidas previstas por la Unión Europea. Así lo explicó el ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, donde indicó que primero escuchará las demandas que las regiones le transmitan. Ese proceso de consulta comenzó ayer mismo con los presidentes autonómicos del PP y continuará la próxima semana (el martes) con la convocatoria del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Montoro está dispuesto a atender las demandas de las comunidades autónomas que se quejan de asfixia económica, e incluso no descarta nuevos incentivos, pero recalcó que todo ello estará "condicionado al cumplimiento de los objetivos de déficit". Su deseo es no llegar a la posibilidad de recortar o congelar aportaciones del Estado, pero en todo caso el Ejecutivo quiere contar con las "herramientas adecuadas para actuar si se llega a ese extremo". El modelo sería el que se aplica en la Unión Europea con los Estados miembros, aunque el diseño concreto busca una mayor eficacia que las sanciones de Bruselas. Su objetivo es empezar a trabajar para "crear una imagen de país" comprometido con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
tECHOS DE GASTO Y SECTOR PÚBLICO Asimismo, Montoro explicó que la futura Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobará antes de los Presupuestos Generales del Estado incluirá techos de gasto y, "como consecuencia de la situación económica", también de déficit.
Respecto a otra de las cuestiones que se abordarán en el próximo CPFF, la reducción de entes públicos, el Gobierno ha encargado un informe sobre esta cuestión para evaluar la situación.
