vitoria. Con la resaca de la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Bilbao flotando aún por el ambiente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recaló ayer en Vitoria para asistir a la toma de posesión del sangilista Carlos Urquijo como nuevo delegado del Gobierno español en la CAV. Una visita que el exalcalde de Madrid aprovechó para mantener la tesis oficial del Ejecutivo de Mariano Rajoy en política penitenciaria. Aunque con ciertos matices. Después de que decenas de miles de personas reclamaran en la capital vizcaína algunos gestos con los reclusos de la organización armada, y de que el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, o el lehendakari, Patxi López, instaran al Gabinete del PP a actuar en las cárceles, Gallardón sólo descartó la amnistía y las concesiones en grupo. No habrá pasos más allá de los que marca la Ley y los posibles beneficios serán individualizados siempre que los reos muestren su disposición a pedir perdón a las víctimas. Un discurso ya conocido al que el titular de Justicia añadió la necesidad de que ETA lleve a cabo su "desarme total" y disuelva las estructuras que todavía mantiene activas.

No por esperado, el mensaje que trasladó Gallardón en la capital alavesa -que luego repitió en Iruñea durante la toma de posesión de Carmen Alba como nueva delegada del Ejecutivo español en Navarra- deja de ser relevante. Sobre todo en el contexto en el que lo hizo el carismático dirigente del Partido Popular. Pero parece que, por lo menos de puertas afuera, el Gobierno de Rajoy no dará grandes pasos en las cárceles hasta que la banda terrorista entregue las armas y cierre el círculo que abrió para la opinión pública hace un año con el anuncio del alto el fuego general, permanente y verificable, y que derivó, el pasado 20 de octubre, con el cese definitivo de su actividad armada. "Ahora es preciso que a ese cese de una violencia gratuita, cruel y unilateral le suceda la disolución de las estructuras, el desarme total y la entrega de cuantos medios puedan estar aún al servicio de quienes han tratado de esclavizar a los vascos y de amedrentar a todos los españoles", espetó Gallardón, que está al frente de uno de los ministerios que más se va a tener que mojar durante los próximos meses para lograr la pacificación de Euskadi.

Aludiendo en todo momento a las víctimas de ETA y al reconocimiento que, a su juicio, éstas deben recibir, el titular de Justicia descartó medidas de gracia para los reclusos de la banda, con la amnistía como principal negación: "Hay que recordar siempre que la Constitución establece la prohibición de los indultos generales, lo cual es una forma de excluir la figura legal de la amnistía". En lo que sí abundó Gallardón fue en los pasos que los presos de la organización armada deben dar si quieren equipararse al resto de reclusos. Y aquí aparecen la necesidad de pedir perdón y el ánimo de reparación a las víctimas. Dos premisas que se han convertido en el soniquete habitual de los populares, además de la oposición a concesiones en grupo.

"La política penitenciaria del Gobierno se basará siempre en la legalidad, y, en consecuencia, exigirá una disposición individualizada por parte de los reclusos condenados", enfatizó el ministro de Justicia, que no abordó en ningún momento alguna de las peticiones que la mayoría política vasca le ha puesto sobre la mesa. Unas demandas que pasan por la puesta en libertad de los presos enfermos, así como de los que han cumplido tres cuartas partes de sus condenas, el fin de la dispersión y de la conocida como doctrina Parot.

La primera reacción al mensaje de Gallardón llegó de una de las patas desde Aralar, una de las patas de Amaiur, a través de su líder Patxi Zabaleta. El veterano dirigente abertzale criticó que el ministro hubiese hablado "de dificultades, pegas y límites" y no de "soluciones" respecto a los presos de ETA, lo que consideró que "no es lo que tiene que hacer un político que mira al futuro".

Por ahora, el Gobierno español parece mantener su estrategia de concesión cero al colectivo de presos de ETA, pero de puertas adentro se están produciendo algunos gestos, al menos así lo reconocieron hace unos días desde Etxerat. La agrupación de familiares y allegados de reclusos de la organización armada admitió que Instituciones Penitenciarias estaba realizando tímidos pasos en positivo en las prisiones.

reunión con ares De lo que sí hay fecha es de la reunión que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mantendrá con su homólogo vasco, Rodolfo Ares. Una cita que tendrá lugar el próximo día 24 y en la que ambos dirigentes hablarán sobre la política penitenciaria y la gestión del final de ETA. Fuentes del Ejecutivo vasco confirmaron a la agencia Efe que ya se ha cerrado el encuentro entre los dos responsables de Interior y aún está por ver si el ministro podrá reunirse ese mismo día con el lehendakari, Patxi López.

Por el momento no se ha acordado el lugar concreto ni la hora de esta cita, en la que también se estudiará el proceso de reducción de escoltas a personas amenazadas por la organización armada. El Departamento vasco de Interior ha precisado que en esta primera cita entre los responsables policiales de ambos gobiernos se hablará sobre la política penitenciaria a aplicar a los presos de la banda que, a juicio del Gobierno Vasco, debe ser "flexible, dinámica y adaptada a las nuevas circunstancias", con tratamientos individualizados, en ningún caso con una amnistía generalizada.

Una postura que también defendió ayer el propio secretario general de los socialistas vascos en los micrófonos de Radio Euskadi. Patxi López reclamó voluntad política al Gobierno para poner en marcha una nueva política penitenciaria con los presos de ETA que incluya su acercamiento, la concesión de terceros grados y la liberación de los enfermos.