Vitoria. El Gobierno español ha destinado una partida de 35.000 euros a un proyecto que estudia cómo puede encarar el Derecho Penal el final de ETA y que propone conceder a los condenados por terrorismo el mismo trato que reciben los presos comunes, con el fin de favorecer un nuevo escenario tras la declaración de abandono de la violencia por parte de la banda armada. La información no merecería mayor comentario si no fuera por el momento en que llega y porque entre sus participantes se encuentran jueces muy significados, además de catedráticos, entre ellos el juez central de Vigilancia Penitenciaria José Luis de Castro.

"Se trata de un proyecto para demostrar que no estamos en nuestra torre de marfil, sino que nos preocupamos por los temas candentes y reales de la sociedad", explicó a la agencia Europa Press el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda.

En las últimas cuatro décadas, el colectivo de presos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada ha recibido un diferente trato penitenciario por parte de los sucesivos Gobiernos españoles, pese a que estos mismos ejecutivos se empeñaban por activo y por pasiva en repetir que nada diferenciaba a estos reclusos de los que normalmente se conoce como presos comunes. Esta diferencia en el trato se concretaba mayormente en la dispersión y el alejamiento de sus lugares de origen, así como a la hora de conceder de grados y beneficios (o perjuicios) penitenciarios.

Según señalan los promotores del proyecto, la máxima que les ha inspirado se sustancia en conceder las mismas medidas, "ni más perjudiciales ni más beneficiosas", al colectivo de presos de ETA. "El terrorismo ha merecido un trato mucho más duro que otros delitos y no tiene sentido esa mayor dureza, habría que ir a un principio de mayor igualdad entre delitos comunes y de terrorismo", añade el coordinador del proyecto.

Cuerda considera que una disolución de la banda tendría que ir acompañado también de medidas legislativas, judiciales, penitenciarias o de gracia. El responsable de la investigación se muestra convencido de que estas actuaciones facilitarían la reinserción de los presos de ETA y el logro de la "pacificación social". "Son delincuentes, eso no lo discutimos, han matado y han asesinado, pero tendrían que recibir el mismo trato, no hay motivos para beneficiarles ni para perjudicarles", defiende.

Preguntado sobre la mayor peligrosidad que tienen estos reclusos frente a otros presos comunes, responde que las personas dedicadas al tráfico de drogas o a la trata de blancas también son "muy peligrosas y no se les pide que se arrepientan" del daño causado para obtener la libertad condicional.

El proyecto también ve "injustificado" que los presuntos terroristas puedan permanecer en periodo de incomunicación hasta un máximo de cinco días. "Los delincuentes comunes no sufren tales limitaciones", afirma. En política penitenciaria, propone aumentar la concesión de la libertad condicional para todos los reclusos que cumplan las condiciones y acercar a los internos a su lugar habitual de residencia con el fin de cumplir con los fines de reeducación y reinserción social previstos en la Constitución.

Aunque cree que una amnistía general es una "línea roja" que el Estado de Derecho no debe cruzar, sí piensa que cabría la posibilidad de conceder indultos individuales en función del recorrido y el comportamiento de cada interno.