vitoria. El fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, ha solicitado penas de cuatro años de prisión para los tres acusados en el supuesto caso de espionaje a políticos y empresarios del territorio, una pieza separada del conocido como caso De Miguel. Según Izagirre, el exburukide Aitor Telleria y dos ertzainas de la extinta Unidad de Información y Análisis se pusieron de acuerdo antes de junio de 2008 para espiar a personalidades alavesas, e incluso accedieron a las bases de datos de la Ertzaintza para remitir la información a Telleria, que llegó a recibir varios cientos de documentos.

Izagirre sostiene en su escrito de acusación que el exdirigente del PNV alavés borraba periódicamente los archivos, pero que en el momento del registro de su domicilio, con motivo de la operación contra la presunta trama corrupta que dirigía Alfredo de Miguel, se encontraron seis documentos que le implicarían en el presunto espionaje, en una carpeta informática bajo el nombre de Aitor. Izagirre, que pide a los acusados el depósito de 500.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades civiles, que en última instancia correrán a cargo del Gobierno Vasco, señala que además del espionaje a través de la base de datos de la Ertzaintza, un agente de sobrenombre Txuri contactaba con Jesús María Fernández Benito, El Tarta, relacionado con el CNI, y con el periodista especializado en lucha antiterrorista Jesús María Zuloaga, Zulo. Txuri remitía la información recabada por esta vía a uno de los ertzainas acusados, su superior.

Telleria reunió información, según el fiscal, sobre al menos una veintena de personas, entre ellas el exalcalde Patxi Lazcoz, el secretario general del PSE alavés Txarli Prieto, el ex teniente de alcalde Juan Carlos Alonso, o los empresarios José Antonio Gordo e Iván Saldaña. Izagirre pide que los acusados o el Gobierno Vasco indemnicen a estas personas con cantidades que van desde los 3.000 hasta los 50.000 euros.

El escrito de la Fiscalía reclama, además de los cuatro años de prisión para cada uno de los acusados, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, que se aplicaría a Telleria, y del ejercicio como ertzaina para los otros dos acusados, durante ese mismo periodo de tiempo, así como 18 meses de multa a razón de 30 euros de cuota diaria, y tres años de suspensión de empleo o cargo público. Según explicó ayer Radio Vitoria, las defensas de los acusados tildaron el escrito de Izagirre de "estrambótico" y desvinculado de la instrucción.