bilbao. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con los miembros de ETA que continúan en la clandestinidad? ¿Y con los alrededor de setecientos presos que están en la cárcel? ¿Retornarán Euskadi los refugiados y deportados? ¿Para cuándo la legalización de Sortu? Estas son algunas de las incógnitas que están sobre la mesa después de que la banda haya anunciado el cese definitivo de su actividad. Pero la respuesta, a día de hoy, se antoja complicada. Al menos en algunas facetas. Sobre todo entre los que han pasado a ser clandestinos en tiempos de paz.
Desde que la organización armada anunciase, el pasado 10 de enero, el alto el fuego permanente, general y verificable -gesto que nueve meses después ha derivado en el histórico paso de ayer-, sus activistas no se han dejado de mover. Y todo indica que lo seguirán haciendo. En fase de supervivencia, pero mantendrán sus movimientos técnicos. Un extremo que también confirmó en privado el conocido como Grupo de Amsterdam en los diferentes encuentros que mantuvo hace unas semanas en Euskadi con las diferentes formaciones políticas. Aquí entrarían los robos de coches esporádicos al otro lado de la muga. Una constante que, según las fuentes conocedoras de la situación a las que ha tenido acceso DEIA, los alrededor de ochenta miembros con los que cuenta en la actualidad la banda mantendrán en el tiempo. El objetivo es seguir en la clandestinidad sin acabar en prisión. Pero habrá que ver cuánto tiempo le dura las reservas monetarias a la organización armada.
Con menos activistas que nunca en su historia -la mayoría está en prisión-, estos se han limitado a mantener las medidas de seguridad para no ser detenidos. Aunque han sido seguidos de cerca por las diferentes fuerzas de seguridad. Un dato sirve para demostrar la debilidad que padece ETA en su infraestructura: según ha podido saber este periódico, prácticamente la totalidad de los miembros liberados (a sueldo) de la banda están plenamente localizados por los servicios de seguridad españoles y galos. El seguimiento es total, aunque en los últimos meses, y tras un año en el que los continuos golpes a la banda fueron constantes, parece que las diferentes policías han bajado el pistón, o, al menos, han evitado poner excusas a algunos y arrestar a más activistas.
Pero, a día de hoy, y ante la previsible llegada del popular Mariano Rajoy a La Moncloa, es complicado especular con el futuro de los activistas y si será posible que regresen de la clandestinidad. Esta hipótesis, que es la que querría la izquierda abertzale y la propia ETA, no parece la más probable. Y menos con el PP al frente del Gobierno español, formación que ha repetido por activa y por pasiva que la única fórmula para enterrar a la organización armada es la de vencedores y vencidos. Aunque tampoco es descartable que, a medio plazo, y una vez que la organización armada haya entregado las armas, desde el Ejecutivo español empiecen a poner la pista de aterrizaje a los integrantes de la banda en la clandestinidad. Primero estarían los que no tienen delitos de sangre y los refugiados. Otra cosa sería el futuro de los miembros de ETA que tengan un historial plagado de atentados. Estos, como mucho, podrían acogerse a los beneficios penitenciarios que marca la ley. Al igual que los casi novecientos presos con los que cuenta la banda, que han vivido con gran expectación el actual proceso.
presos y legalización Al margen del futuro de los activistas actualmente en las filas de la organización y de los miembros de ETA que fueron deportados o huyeron al extranjero, otra partida importante se va a jugar en las cárceles. Según adelantó la semana pasada este periódico, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estaba dispuesto a flexibilizar la política penitenciaria si la organización armada anunciaba su disolución. Habrá que ver si "el cese definitivo de su actividad armada" es suficiente para Zapatero, al que le queda un mes para salir de La Moncloa. Y tampoco va a tener mucho plazo para llevar a cabo posibles gestos con los presos enfermos, con los que han cumplido tres cuartas partes de sus penas o los que siguen encarcelados al aplicarles la doctrina Parot. Aquí, si se cumplen los pronósticos de las encuestas, entraría en juego Mariano Rajoy. Dispuesto a arriesgar por la paz -tal y como no se han cansado de repetir desde el PP vasco-, todas las miradas de la opinión pública se dirigirán al presidente del PP. Habrá que ver si sabe capear con la presión de las víctimas y de la caverna mediática de Madrid.
La tercera derivada del anuncio de ayer de la banda es el futuro de Sortu. Pendiente de la decisión del Constitucional sobre su legalización, un escenario de normalidad debería contar con la marca de la izquierda abertzale tradicional. Sin la presión de ETA y con la apuesta que los dirigentes de la antigua Batasuna han hecho por las vías exclusivamente políticas, los integrantes del TC tienen pocas excusas para mantener el veto a Sortu.
Pero, quizás, la asignatura pendiente más complicada de solucionar es la reconciliación entre las víctimas. Tras décadas de violencia y de damnificados en ambos bandos, el futuro de Euskadi y que el conflicto que se ha vivido se pueda aparcar para siempre necesitará el esfuerzo de todos, aunque algunos llevan años de ventaja.
