VALENCIA. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y su exdelfín, Ricardo Costa (exsecretario general del PP en aquel territorio) se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de los trajes a partir del próximo 12 de diciembre, es decir, después de las elecciones generales del 20-N. La sede del proceso, que será ante un jurado popular, será el Tribunal Superior de Justicia valenciano, y los cargos, los de cohecho pasivo continuado por haber aceptado los trajes regalados por los responsables de la red Gürtel. Finalmente la pena a la que se enfrentan es la que solicita el Ministerio Fiscal: 41.250 euros de multa para cada uno de los acusados
El magistrado presidente del jurado, Juan Climent, ha establecido esta fecha en un auto hecho público ayer que complementa una primera resolución en la que rechazó, entre otras alegaciones, que Camps fuera juzgado por el Tribunal Supremo, tal y como pidió su abogado en la vista de cuestiones previas. Según indica el magistrado en su resolución, Camps recibió, al menos, doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, prendas valoradas en 14.021 euros que fueron adquiridas y pagadas por responsables de la trama que encabezó Francisco Correa. Por su parte Costa aceptó, al menos, cuatro trajes y seis pantalones valorados en 7.325 euros.
tesis de la acusación "El propósito de la asunción de esos pagos" por sociedades pertenecientes a la red que controlaba Correa era el de "ganarse, mediante el agasajo, el favor de las personas obsequiadas", sostiene el juez.
Las prendas fueron adquiridas en las tiendas "Milano" y "Forever Young" de Madrid entre 2005 y 2008, y los acusados las recibieron en sus domicilios de Valencia, en la sede de Orange Market o en la vivienda del hombre de Correa en Valencia, de Álvaro Pérez, El bigotes. Este hecho es el que impidió que prospere la petición de Camps para ser juzgado en por el Alto Tribunal y en Madrid, argumentando que los supuestos delitos se habrían cometido en la capital de España.
El auto del magistrado Climent asegura que el precio de las prendas lo abonó Pablo Crespo (secretario de organización del PP gallego hasta 1999 y uno de los cabecillas de la trama) con dinero procedente de las sociedades de la trama Gürtel mediante cheques y transferencias.
En las facturas de las compras figuraban productos distintos a los que habían adquirido, pero con el importe equivalente a las mismas.
Según recuerda el auto, Orange Market actuó "como proveedor del PPCV y de la Administración autonómica y ésta le adjudicó numerosos contratos de muy variado objeto", entre ellos los pabellones que representaban a la Comunitat Valenciana en diferentes ferias internacionales de turismo celebradas entre 2005 y 2009. El importe de las adjudicaciones para estas ferias rondaba los siete millones de euros, sostiene el auto.
El juez Climent, "en aras de no dificultar el ejercicio a la defensa", admite la mayoría de las pruebas propuestas por las diferentes partes en sus escritos de conclusiones y en la vista de cuestiones previas; entre ellas, la declaración de dos jefes de planta de unos grandes almacenes en los que el expresident de la Generalitat suele adquirir sus trajes.
