Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó ayer, por tercera vez, el procesamiento de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003 al estimar que existió un plan para evitar que los medios informaran.
En un auto dictado ayer, el juez ordena también que se libre una comisión rogatoria a las autoridades estadopunidenses para tomar declaración a otros dos oficiales de EEUU -un comandante y un jefe de brigada-, al considerar que podrían haber trasmitido la orden de atacar el Hotel Palestina.
Por su parte, la embajada de EEUU en España recordó que el Gobierno estadounidense ya investigó el caso sin encontrar indicios de que los soldados incumplieran norma alguna.
Según el auto de Pedraz, la persona que dio la orden directa de disparar al hotel fue el teniente coronel Philip de Camp, orden que trasmitió al capitán Philip Wolford, que, a su vez, y como mando de la Unidad de Blindados, autorizó el ataque a quien efectuó el disparo materialmente, el sargento Thomas Gibson. Estos son los tres militares procesados por tercera vez por un delito contra la comunidad internacional y homicidio, después de que la Audiencia Nacional revocara el procesamiento de los mismos en mayo 2008 y en julio de 2009.
Ahora, el juez les ha impuesto también una fianza de un millón de euros en concepto de responsabilidad pecuniaria, que deberán abonar en 24 horas o de lo contrario serán embargados sus bienes por ese valor.
Además, el magistrado añade como imputados a los superiores de los procesados: el jefe del Cuartel General y Comandante de la 3ª División de Infantería, Buford Blount, y al Jefe de la Segunda Brigada de esta misma división, el coronel David Perkins. Precisamente, la 3ª División, según Pedraz, tenía la misión de "evitar que los medios de comunicación internacionales informaran sobre las operaciones militares para la toma de Bagdad".
El ataque al hotel lo enmarca el juez dentro del bombardeo que la 3ª División efectuó en las sedes de las televisiones árabes Al Jazeera y Abu Dhabi, en el que también murió un periodista y otros dos fueron heridos. Asimismo, el auto indica que "no cabe duda de que José Couso era persona protegida", según el Código Penal y el Convenio de Ginebra.
Por último, Javier Couso, hermano del cámara, mostró su "desprecio" por los miembros del Gobierno y de la Fiscalía que "han defendido a criminales de guerra".