Vitoria. El lehendakari solicitó el pasado jueves, en el marco del Pleno de Política General, un aplazamiento del debate sobre duplicidades en la administración vasca para que la proximidad de las elecciones generales no "enturbiaran" la búsqueda conjunta de soluciones. Pero tras esta declaración de intenciones, el avance del informe hecho público ayer por Lehendakaritza será suficiente para encender la llama de la confrontación entre instituciones gobernadas por diferentes colores políticos, con el aliciente añadido del periodo preelectoral.
El resumen del estudio remitido a la Cámara vasca revela que las duplicidades superan los 403 millones de euros y que a pesar de salpicar a todos los niveles administrativos son las entidades forales las que se llevan la palma, copando la mitad de los casos detectados. Dicho documento viene a sustentar el corpus de la actualización del entramado institucional vasco planteada por Patxi López desde su llegada a Ajuria Enea, que tiene como herramienta principal la Ley Municipal -que amenaza con encallar en la Comisión Arbitral- y una no descartada -pese a las suspicacias que despierta- revisión de la Ley de Territorios Históricos.
El informe en posesión del Parlamento Vasco -a pesar de que en la tarde de ayer los grupos de la Cámara aún no tenían una copia en su poder- limita su campo de estudio a nueve municipios vascos, entre los que figuran las tres capitales, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Laudio, Errenteria e Irun. El apartado destinado a explicar la elaboración de informe -con el apoyo de Deloitte y Everis- hace hincapié en la falta de colaboración de las diputaciones. Según consta en el resumen, las diputaciones de Álava y Bizkaia "declinaron la invitación de participación en este proceso de chequeo y contraste, realizada repetidamente desde Lehendakaritza en mayo de 2011, por razones de inmediatez del proceso electoral".
En el caso guipuzcoano, matizan que esta Diputación "tan sólo participó a través de la fórmula de cuestionario en relación a la política de transportes". Esta materia es uno de los 13 campos de estudio del informe: desde los servicios sociales, el empleo y formación al impulso económico, como ejemplo. Son estas tres, unidas a la política de transportes, las que suman la práctica totalidad de las duplicidades localizadas (93%).
La primera razón que ofrece el informe para explicar estos hechos son que "el entendimiento de la política y los servicios públicos se hace desde el punto de vista del agente que la desarrolla y no del servicio que recibe el ciudadano". El estudio alude también a la visión incrementalistas que reproduce el "más y por muchos es mejor", así como a la ausencia de regulación en determinados ámbitos.
Perjuicio En cuanto al perjuicio para las instituciones, el estudio refleja que esos 403 millones anuales detectados -que serían más puesto que el informe no ha analizado la totalidad de las actuaciones de las Administraciones vascas- equivalen, por ejemplo, al gasto social anual del Ejecutivo vasco o el Presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Donostia. El estudio subraya como la complejidad de las estructuras competenciales vascas acaba generando en ocasiones la pérdida de efectividad del capital público. En este apartado, cita, por ejemplo, que se desconoce el número total de policías locales existentes en Euskadi.