Vitoria. La Mesa del Parlamento Vasco calificará el proyecto de Ley Municipal el próximo martes, dando inicio a la andadura legislativa que le espera a esta iniciativa. El camino será largo y el Gobierno Vasco lo sabe. Para empezar, el Gabinete López da por hecho que las diputaciones de Bizkaia y Álava llevarán el asunto a la Comisión Arbitral, pero el temor a su anulación no existe. "La ley no supone ninguna invasión competencial", afirman con rotundidad en Lehendakaritza al destacar su "solidez".
Ante este escenario, los socialistas tienen previsto iniciar dentro de dos semanas la negociación política con su socio por el cambio con el fin de zanjar las reticencias manifestadas desde la bancada popular hacia el proyecto que tiene por objeto reforzar el papel de los ayuntamientos en el entramado institucional vasco con nuevas competencias y su respectiva financiación.
El texto incluye la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH) para incluir la participación directa de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) en aquellas cuestiones que les afecten directamente, como los fondos que se destinen a la financiación municipal.
La clase política en pleno coincide en la necesidad de favorecer la labor consistorial, hasta ahora alineada en el vagón de cola del trabajo institucional. El problema es de dónde hay que restar para sumar en los consistorios, y ahí las diputaciones sienten vulneradas sus competencias.
Visión foral El PNV, como cabeza visible de la entidad foral vizcaína, fue el primero en anunciar su desvinculación del proyecto de López y su intención de recurrir ante la Comisión Arbitral. El PP, como responsable del Gobierno foral alavés, gana tiempo, pero de entrada el diputado general, Javier de Andrés, atisba una "invasión competencial evidente" en el enunciado.
Un enunciado en el que los populares lamentan no haber participado y del que, en contra de lo que asegura el Gobierno Vasco, no han tenido noticia desde hace un año, según aseguraron ayer fuentes de este partido.
Las contradicciones entre socialistas y populares no acaban ahí. Mientras el Gobierno asegura que ofreció al PP la posibilidad de situar unas "líneas rojas" para blindar el consenso -mayoritario en la Cámara- y añade que los populares rechazaron esta oferta, el partido presidido por Antonio Basagoiti niega la mayor, y no oculta su deseo de "haber participado más" en este recorrido.
Estas mismas fuentes del PP afirman que sus interlocutores en el Ejecutivo admitieron en privado hace un año, en plena gestación del proyecto normativo, que la Ley Municipal "recortaría las competencias de las diputaciones", extremo éste negado hasta la saciedad por los responsables gubernamentales.
Con la tramitación legislativa en marcha será la Comisión Arbitral la encargada de dirimir sobre esta cuestión, una actuación que retrasará la tramitación del actual proyecto aunque se desconoce en qué medida. En Lehendakaritza admiten que existirá una ralentización en el proyecto que nació con la vitola de iniciativa estrella, pero las dudas sobre cuánto tiempo implicará contrastan con la seguridad de estas mismas fuentes para destacar que "en ningún caso" la Comisión Arbitral determinará la anulación de la Ley Municipal. Las razones que esgrimen desde el Gobierno Vasco son que para que se diera este supuesto, la Comisión Arbitral debería demostrar que el proyecto diseñado por el Gabinete López incurre en una vulneración estatutaria; es decir, de una ley orgánica. No se llegaría a este extremo si la afección recayera sobre una ley ordinaria, como es la LTH, que sí será modificada, tal y como reconoce el propio Gobierno Vasco.
