Donostia. Después de que el PSOE nombrara a Alfredo Pérez Rubalcaba candidato para las elecciones generales y de que se diera a conocer la imputación de tres altos cargos policiales, el denominado caso Faisán ha vuelto a primera plana de la política española.

Así, un argumentario interno del Partido Popular, en plena batalla preelectoral, ya lo equipara con el caso Roldán: "Es la segunda vez que se juzga a un director general de la Guardia Civil tras el caso Roldán", en alusión a un Víctor García-Hidalgo que, cuando ocurrieron presuntamente los hechos, no era director de dicho órgano, sino únicamente de la Policía. Respecto a García-Hidalgo, el PSE no tardó en salir a la palestra para decir que se siente "orgulloso" de él y valorar como "un poco fuerte" su procesamiento, en palabras de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor.

De todos modos, el objetivo del PP parece Rubalcaba, quien, según los populares, "ha fracasado en sus intentos de tapar por todos los medios el caso Faisán", y apuntan a él: "El jefe directo de los imputados por colaboración con ETA era Rubalcaba". El secretario de Comuniación del PP, Esteban González-Pons, además, calificó al candidato socialista de "traidor en términos políticos".

El PSOE, por su parte, intentó rebajar el tono de la batalla mediática. Para el presidente del Congreso, José Bono, Rubalcaba es para el PP "una pieza de caza mayor" y para acabar con él "se necesita otra munición y otros cazadores", mientras que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó el auto de "suma de indicios especulativos" y cree que será revocado, algo a lo que el PP respondió exigiendo al ministro que sea "más respetuoso" con la separación de poderes.

Al margen se mantuvo el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que aseguró que la Fiscalía estudia "en profundidad" el auto del juez Pablo Ruz y actuará "al margen de cualquier aspecto de carácter oportunista", por lo que prefirió no opinar, ya que "los tiempos de la justicia no son los mismos que los políticos".