Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que existen "motivos bastantes" para afirmar que el ex director general de la Policía y miembro de la Ejecutiva alavesa del PSE, Víctor García Hidalgo, el exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros pudieron impedir a través del chivatazo al propietario del bar Faisán de Irun, Joseba Elosua, no sólo que se produjera la detención de miembros de la banda terrorista ETA, sino que permitieron que la banda se financiara a través del dinero obtenido por extorsión. Acusaciones por las que serán procesados y que podrían traducirse, en caso de ser considerados culpables, en condenas por revelación de secretos, y encubrimiento o colaboración con banda armada.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional hizo público ayer el auto en el que constata hasta 12 indicios contra los procesados por los hechos que se remontan al 4 de mayo de 2006. El juez sostiene que el jefe superior de Policía del País Vasco era "una de las pocas personas que podía tener acceso" a la información que recibió el dueño del bar Faisán, donde supuestamente ETA iba a cobrar el impuesto revolucionario a uno de sus extorsionados. También recoge la alusión que se produjo en la llamada de aviso "a la actual situación política", en referencia a la existencia de una tregua de ETA vigente en aquella época. Y recuerda que en la conversación se mencionaba el "interés de determinada gente en que se rompiera o no prosperara".
El auto especifica que durante los días 3 y 4 de mayo García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros intercambiaron "un elevado número de contactos telefónicos" que no se corresponde con su proceder normal a la vista de las llamadas que cruzaron en otras fechas.
En este contexto y, según fuentes de la investigación, García Hidalgo fue supuestamente informado en la noche del 3 de mayo de los pormenores de la operación que se estaba preparando contra la red de extorsión de la banda armada, lo que provocaría una llamada inmediata a Pamiés para ponerle al corriente de la situación. Según el juez, a partir de ese momento el jefe de la Policía se puso en contacto con Ballesteros para que al día siguiente se desplazara a Irun con el presunto objetivo de informar al dueño del bar Faisán del operativo policial previsto, "con la intención de frustrar el mismo".
Elosua ofreció en sede judicial una descripción de la persona que le entregó el teléfono del que supuestamente fue alertado, características físicas de "gran similitud o encaje con la apariencia de Ballesteros", según el auto. El contra de esta teoría, Elosua no reconoció al inspector, un testimonio que a juicio del magistrado ofrece "una duda más que razonable".
