vitoria. La equiparación entre las condiciones laborales de los políticos y las del resto de los trabajadores dio ayer un nuevo paso adelante gracias al consenso logrado sobre esta materia, que llevará al Parlamento Vasco a discutir a partir de septiembre un paquete de medidas que van desde la situación de los parlamentarios a la de los ex altos cargos de los sucesivos Ejecutivos vascos.
En un contexto marcado por los recortes sobre la mayoría de los trabajadores, el Parlamento puso sobre la mesa la corrección de unas condiciones laborales de los políticos que muchos consideran "privilegios".
acuerdo de mínimos Reunidos en el marco de la ponencia que estudia cómo definir el nuevo Estatuto del Político en la Cámara vasca, los grupos se enfrentaban ayer al reto de consensuar las primeras medidas concretas. Hasta ahora, los ex altos cargos jubilados cobraban un complemento en su pensión que hacía que ésta llegara hasta el 50% de lo que hoy en día cobrarían de seguir en su puesto. Esto es, que si un exconsejero recibía una pensión por su trabajo, pongamos de 22.000 euros, recibía otros 21.465 de las arcas públicas vascas cada año hasta llegar a la mitad de lo que cobran actualmente cada año sus sucesores: 43.465 euros. Esta situación elevaba el coste que el Gobierno Vasco paga por este capítulo por encima del millón de euros.
El debate estaba entre suprimir totalmente estos complementos o mantenerlos, y a grandes trazos, se puede decir que el consenso se gestó en torno a una decisión intermedia: estos complementos se suprimen para quienes aún no los cobran, y a los actuales beneficiarios se les completará sólo hasta llegar a la pensión máxima, 35.000 euros; dos medidas que rebajarán el coste total para el erario público a la mitad.
Sin embargo, el PSE no renuncia a su defensa de la supresión total, por cuanto entiende que es la medida "más justa" y la que "mejor responde al espíritu con el que se iniciaron estos trabajos", como puntualizaba ayer José Antonio Pastor, aunque los socialistas saben que su postura es muy minoritaria en la ponencia.
Y es que, como explican desde otros grupos, sería cuestionable jurídicamente, y quizá incluso poco justo, que estos ex altos cargos, que no cotizaron mientras lo fueron, no vieran reflejado su ejercicio público en su pensión, lo que en el caso de los parlamentarios también se corregirá a la vuelta de verano de forma que coticen mientras lo son y puedan cobrar el paro cuando dejen de serlo, como el resto de los trabajadores.
