PALMA DE MALLORCA. Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex consejero de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco de unas pesquisas que se encuentran bajo secreto dentro del caso Ibatur, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Junto a él también se encuentra en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la empresa Bahía Difusión, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje. Asimismo, han sido arrestadas otras dos personas, y no se descartan nuevas detenciones a lo largo de esta jornada.
Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).
Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.
En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP.
Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones del publicista Bartolomé Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza. Tres meses después salió de la cárcel tras abonar una caución de 150.000 euros.
El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Gobierno balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.
El juez Juan Ignacio Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.
Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.
Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.
BAJO SUMARIO DESDE FEBRERO DE 2009 No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.
Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccioamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.
