Bilbao. Pese a los reiterados intentos del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de zanjar las especulaciones sobre un posible adelanto de las elecciones generales, desde las mismas filas de su partido se ha alimentado un debate en el que incluso se ha puesto fecha a una eventual cita con las urnas antes de que concluya el año: el próximo 27 de noviembre. Ante esta marejada, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, instó ayer al PSOE a aclararse y poner negro sobre blanco si su intención es llegar hasta el final de la legislatura. Sería entonces cuando tocaría clarificar cuál puede ser el papel del PNV en el tramo final del mandato de Zapatero. Urkullu tiene un diagnóstico claro: unas elecciones anticipadas supondrían un importante "riesgo para la salud del Estado".
"Este debate no debe ser en clave partidaria, por mucho que el PP esté provocando también esta situación", agregó, haciendo referencia al hecho de que los intereses del candidato socialista, el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba, pueden tener mucho que ver en la posibilidad de adelantar unos comicios que en principio correspondería celebrar en la primavera del año que viene.
Según el dirigente jeltzale, el Estado español "está en una situación económico-financiera lo suficientemente grave como para que el propio PSOE, que es el que hoy tiene la responsabilidad del Gobierno, intente eludir ese debate partidista de qué es lo que le conviene al Partido Socialista y pensar más qué es lo que le conviene al Estado".
Y lo que le conviene es, según explicó en una entrevista a Europa Press, llevar a cabo de forma urgente unas "reformas estructurales en el sistema económico financiero del Estado". Dichas reformas "deben ser de fundamento y no débiles, insuficientes o coyunturales, pensando en salir del paso lo mejor posible para no soliviantar a un supuesto electorado que pueda castigar al Gobierno español".
"Lo que me preocupa es que, teniendo que ser planteadas y aprobadas estas medidas, el tiempo corre. Y someternos a unas elecciones anticipadas, sin medidas planteadas y aprobadas, puede ser de mayor riesgo para la salud del Estado español", aseveró.
Urkullu rechazó además que, en esta complicada coyuntura, exista la tentación de dejar todo el peso de la responsabilidad en el PNV. "Estamos ante una situación que exige responsabilidad del Estado, altura de miras. Creo que el PNV la demostró el año pasado, pero no puede ser que se esté cargando sobre los hombros del PNV esta responsabilidad, bien porque se mantenga el gobierno porque presenta unas medidas fundadas o bien si decide no apoyar al gobierno porque no le parece que la política que está llevando a cabo sea suficiente", aseveró.
Pacificación Además de las políticas para salir de la crisis económica, el Gobierno español también debe gestionar el nuevo tiempo abierto en Euskadi, con el alto el fuego de ETA y la irrupción de Bildu en las instituciones. Y lo deberá hacer tanto si el PSOE sigue siendo el inquilino de La Moncloa como si el PP toma el relevo tras los comicios generales. En este sentido, Iñigo Urkullu afirmó que ha hablado con el presidente de los populares, Mariano Rajoy, sobre pacificación y normalización.
"Sí he hablado de pacificación, de la propia Constitución, de los Derechos Históricos y del concepto de normalización política por el que el propio PP apostó con el pacto de Ajuria Enea", afirmó. El líder jeltzale, para el que "es muy difícil que se den mayorías absolutas" en las generales, recalcó que su partido va a plantear en el futuro "la necesidad de revisión del marco, pero con absoluta normalidad, sin dramatismo, sin cerrar las puertas a un debate absolutamente democrático", y que Rajoy es consciente de ello.
Por su parte, el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, se refirió ayer a las implicaciones que tienen para el PSE las negociaciones de transferencias entre el Gobierno y el PNV, aseverando que "ese minuto de gloria que tiene el PNV se acaba rápidamente". Agregó que "el Gobierno Vasco tiene muy claro que, independientemente de lo que pacte el PNV, no se va a aceptar una transferencia averiada y, por tanto, la última palabra la tiene el Gobierno Vasco".
