Donostia. La auditoría realizada por la empresa Deloitte Touche en Somoto (Nicaragua) constata en los 21 proyectos de cooperación subvencionados por el Ayuntamiento de Lasarte-Oria que han sido analizados que los comprobantes de pago, facturas y recibos "no son invalidados", por lo que dicha documentación podría ser "utilizada más de una vez". Por ello, el auditor firmante del informe, Dagoberto Arias, recomienda que la documentación sea invalidada con un sello que contenga la leyenda "cancelado, fecha, número de cheque y banco". Un hecho importante porque al no disponer de dicho sello que acredita que esa factura ya ha sido presentada para acreditar la ejecución de un proyecto ante una institución, en este caso sería el Ayuntamiento de Lasarte-Oria, dicho recibo podría usarse, de nuevo, ante otra entidad que trabaje tanto con la Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria (OHLOS), como con la Alcaldía de Somoto o la ONG Asociación para el Desarrollo Comunitario (Asodecom).
La decisión de auditar los proyectos de cooperación en Somoto se acordó el 9 de septiembre en el Pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, aunque los resultados se presentaron en noviembre de 2010, con varios meses de retraso sobre lo previsto. Ahora bien, los ediles lasarteoriotarras desconocen a día de hoy si estos informes son los definitivos, un asunto que, entre otras cuestiones, debía aclarar el auditor en su comparecencia, prevista en la comisión de investigación para el 17 de marzo. Sin embargo, y aun teniendo el viaje pagado, no cogió el avión. Tras varios días sin que pudieran contactar con él, finalmente, comparecerá este lunes por videoconferencia, no sin antes establecer como requisito previo haber recibido las preguntas.
Baile de cifras La auditoría analiza 21 proyectos de cooperación llevados a cabo entre 2005 y 2008, aunque no son el total de los ejecutados. En términos cuantitativos, suponen un subvención general de poco más de 582.000 euros, de los que unos 65.000 se corresponden a costos cuestionados; es decir, el 11% del dinero enviado. Si se compara con los 35 informes realizados por el interventor para analizar todas las subvenciones de ese periodo y que fueron publicados por este periódico, la distancia entre ambas conclusiones es llamativa, puesto que el funcionario lasarteoriotarra concluye que el 37% del dinero enviado debería ser devuelto al Ayuntamiento por no estar debidamente justificado, lo que en euros asciende a una cifra de 390.000.
¿Por qué se dan estas diferencias? Puede explicarse en parte, como señala el propio interventor en un informe de consideraciones sobre la auditoría de Deloitte, porque esta empresa ha omitido "una serie de gastos no elegibles que sí aparecen" en el informe del auditor y que "tenían tal calificación de manera indubitable". Informe del que, además, dispone Deloitte, según afirma el interventor, a la hora de elaborar la auditoría. También pone como ejemplo otros gastos que, aunque no aparecían en el proyecto aprobado, la auditoría tampoco cuestiona.
Otro asunto que menciona el funcionario es que, a su entender, los auditores nicaragüenses "no tratan con profundidad" una de las "mayores inquietudes" del interventor: "el desconocimiento de las cuentas financieras de la oficina de hermanamiento". El interventor también hace referencia a que la auditoría no tenga en cuenta que algunos proyectos sólo se acreditan mediante contratos y no con facturas. Esta apreciación no queda sin respuesta. En este sentido, Deloitte aduce que las contrapartes han presentado la documentación suplementaria que acredita la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento sigue sin tener constancia de tan relevante información.
Desvíos y costos cuestionados Aparte de estas cuestiones y analizando a fondo los resultados de la auditoría, ésta presenta costos cuestionados en nueve de los 21 proyectos. En relación a la Oficina de Hermanamiento, detecta, por ejemplo, desvíos sin autorización de casi 25.000 euros destinados a la construcción de andenes para otros proyectos ejecutados por la misma entidad. Un hecho que ya aprecia el interventor en su análisis, así como otros que vuelven a aparecer en la auditoría: compra de 21 pares de zapatos-tacos para el equipo del Real Madriz, falta de registros de contabilidad, adelanto de salarios a los que, además, no se les aplica la deducciones del impuesto de la renta, etcétera...
En los expedientes en los que no aparecen costos cuestionados, es habitual, sin embargo, que aparezcan las citas siguiente: "inadecuado proceso de contratación de servicios, obras y compras" o bien "OHLOS no cuenta con manual de procedimiento para la adquisición de servicios, materiales y suministros....".
Curiosamente, la respuesta que la oficina de hermanamiento da al auditor para defenderse ante la revelación de Deloitte es que debería ser el Ayuntamiento de Lasarte-Oria el que les oriente en este sentido. Pero va más allá, y mantiene que más de una vez se ha querido realizar las contrataciones en base a las leyes y es el Consistorio quien lo ha impedido. La auditoría da cuenta también de que los proyectos de OHLOS deberían tener cuentas separadas para no depositar los fondos en las cuentas personales de Aquiles García -director de proyectos y administrador de los bienes de Urchueguía en Somoto- y Eddy Ramón Jiménez -director de la oficina-.
Si bien, la respuesta de la OHLOS a los auditores siempre toma el mismo camino, sacando balones fuera y dejando toda responsabilidad en el Ayuntamiento. En más de una ocasión aparece el nombre de Ana Urchueguía como la persona que autorizaba los desvíos de dinero entre proyectos, la apertura de cuentas personales de la OHLOS o, incluso, la que daba fe, a veces con el vicealcalde (Iñaki Múgica) y otros concejales no identificados, de que los proyectos se ejecutaban.
También critica la auditoría el modo de proceder de Asodecom. Como apunte, en referencia al proyecto de Fortalecimiento de las capacidades productivas, dice que "incumple la mayoría de los aspectos importantes con los términos del contrato de trabajo y las regulaciones aplicables". No es nuevo, como ya avanzaba el interventor en sus informes, no existe evidencia alguna de que se haya ejecutado.
Por otro lado, el interventor apunta al final de su informe que el objetivo de la auditoría era el de conocer el estado de las cuentas y las pautas de funcionamiento a futuro que debería desarrollar la Fundación Somoto -la nueva entidad sucesora de la oficina que se crea cuando, tras once años, adquiere identidad jurídica-. Aunque la empresa da cuenta de algunas, no están definidas como exige el punto 3.2 del pliego de condiciones técnicas aprobado por el Ayuntamiento.
