Madrid. Pese al respaldo explícito de la dirección federal del PSOE a la gestión que el presidente andaluz está haciendo tanto de la crisis abierta en su gobierno como del caso de los ERE, lo cierto es que José Antonio Griñán se encuentra en una situación muy incómoda.
A la dimisión del lunes de su consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, por la lucha interna entre la dirección del PSOE-A y la delegación socialista de Cádiz, se unieron ayer otras tres renuncias. La primera fue la del viceconsejero de Gobernación, José Antonio Gómez Periñán, y después le siguieron los directores generales de Administración Local y Espectáculos Públicos y Juego de la misma consejería, José María Reguera y Manuel Brenes. Los tres, estrechos colaboradores de Pizarro, decidieron marcharse del Ejecutivo andaluz tras la toma de posesión de Francisco Menacho como nuevo responsable de la consejería.
Comisionista Pero es que además ayer saltó un nuevo escándalo que afecta a la Junta de Andalucía. Medios nacionales se hicieron eco de una información que asegura que el hijo de Manuel Chaves, de nombre Iván, habría actuado como intermediario de empresas en contratos de instituciones públicas andaluzas cobrando comisiones por ello. Tal conducta habría sido posible gracias al peso específico de Chaves primero como anterior presidente de la Junta de Andalucía y, segundo, como vicepresidente del Gobierno central.
En torno a esta polémica que ya se ha trasladado a las Cortes Generales a través de una serie de iniciativas del PP en el Congreso, obligó ayer a salir al paso a la consejera de Presidencia andaluza, Mar Moreno, quien indicó que el apellido Chaves no "añade ni quita legalidad a ninguna actividad y no debería bastar para tejer una sospecha sobre la actividad de nadie".
Prejubilaciones La tercera cuestión, el caso de los ERE, tampoco le va bien a Griñán. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, emitió ayer un nuevo auto en el que concede al Ejecutivo autonómico un plazo de tres días al objeto de que, como medida cautelar, le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento. En este auto, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no cumplir estas medidas cautelares.
