Cuando, presuntamente, Alfredo de Miguel y Aitor Telleria dieron un paso más allá en su intento de cobrar una comisión de 120.000 euros por adjudicar a Urbanorma la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano y no dudaron en presionar al padre de una de las administradoras de la firma vizcaína, ésta decidió dar otro paso. Ainhoa Alberdi, que había hecho acopio de abundante documentación sobre las actividades supuestamente ilegales de De Miguel y Telleria, se presentó en diciembre de 2009 en un juzgado vitoriano para denunciarlas.

El supuesto salto del tráfico de influencias a la sombra del PNV a la extorsión pura y dura, y la reacción que produjo en Alberdi, se tradujo meses después en una quincena de detenciones, el descubrimiento de al menos tres empresas fantasma, la creación de dos comisiones de investigación y en un escándalo político sin precedentes en Álava.

A la abogada bilbaína, socia en Urbanorma de Jon Iñaki Etxaburu, detenido en la operación policial del 17 de marzo de 2010 e imputado en la causa, no le ha salido gratis el haber acudido a la Justicia. Al igual que la mayoría de las personas relacionadas con la presunta trama, de forma delictiva o perfectamente legal, su imagen ha sido sometida al escrutinio de los medios hasta el punto de publicar una nota en la que pedía quedar al margen del culebrón mediático en el que se ha convertido todo el caso Miñano.

Ayer Alberdi declaró ante la Comisión de investigación del Parlamento Vasco, pero lo hizo en comisaría para evitar las cámaras y, de paso, el tener que encontrarse con alguno de los imputados en la presunta trama. Así lo solicitó, de forma expresa, al presidente de la comisión, Juanjo Agirrezabala, que tras un mes de enero de carreras de los comparecientes por los pasillos del Parlamento para evitar a la prensa, dio con la tecla de la discreción.

Los dos ertzainas imputados por el caso del espionaje -que por cierto ayer recurrieron, al igual que Aitor Telleria, la celebración de juicio oral- pidieron declarar en comisaría, y sentaron así el 18 de enero un precedente que ayer sirvió para garantizar el derecho a la intimidad de Alberdi. Dos agentes, compañeros de los policías imputados, debían declarar ayer, y por ello se aprovechó la jornada para escuchar el testimonio de la abogada bilbaína.

Alberdi decidió denunciar las presuntas irregularidades cometidas en torno a la sociedad Kataia sin dejar cabos sueltos. Recopiló correos electrónicos y grabaciones de llamadas telefónicas y denunció la extorsión sufrida al gerente de los parques tecnológicos vascos, Julián Sánchez-Alegría, también imputado. Éste, lejos de respaldarla, avisó supuestamente a De Miguel de que Alberdi estaba dispuesta a destapar la presunta trama.