madrid. Sortu no podrá presentarse a las elecciones municipales del 22 de mayo. El Tribunal Supremo ha vetado su registro como partido político. Esos fueron los titulares de ayer en los diferentes medios de comunicación. Pero poco falto para que dichos titulares rezaran precisamente la idea contraria. Y es que la Sala del 61 decidió admitir a trámite las demandas contra Sortu de la Fiscalía y del abogado del Estado por solo dos votos de diferencia. De los 16 magistrados que componen esta Sala, siete se posicionaron en contra de negar la inscripción de la formación de la izquierda abertzale, aunque finalmente fueron tres los votos particulares que se anunciaron.

La existencia de votos particulares es toda una novedad en cuanto a los fallos emitidos por esta Sala con respecto a decisiones referentes a formaciones de la izquierda abertzale. Hasta ahora, el consenso había sido la nota imperante entre estos magistrados en estas cuestiones. Esta división tan rotunda, siete a favor del registro de Sortu, y nueve en contra, asienta aún más la evidencia de discrepancias en el seno de esta Sala. Ayer, no fueron pocas las voces dentro del ámbito político que expresaron su convencimiento de que dentro del mundo judicial se está percibiendo que algo nuevo se mueve en la izquierda abertzale oficial. Esto ratificaría, por tanto, que la labor llevada a cabo por Sortu para dar forma a unos estatutos escrupulosamente ceñidos a la ley, ha tenido sus frutos. La pulcritud del texto y de la defensa del letrado de Sortu, Iñigo Iruin, han logrado convencer a una buena parte de la Sala a pesar del discurso cerrado y monocolor que se ha impuesto por parte del Gobierno de Zapatero y de otras instancias políticas.

Ayer este periódico adelantaba que los magistrados que presentarán sus votos particulares, serían Alberto Jorge Barreiro y José Luis Calvo, ambos de Jueces por la Democracia y de tendencia progresista, y Manuel Ramón Alarcón. Según fuentes jurídicas, en referencia a los otros cuatro magistrados de la Sala del 61 que no se mostraron de acuerdo con la decisión final, se trataría, por un lado, de Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del Supremo desde 2005, miembro de Jueces por la Democracia y de carácter progresista. También estaría José María Sieira, presidente de la Sala de lo Contencioso desde julio de 2010, que fue gobernador civil de Granada entre 1980 y 1982, y que es de talante más conservador. Al parecer, también formarían parte de este grupo de magistrados disconformes con el fallo, Gonzalo Moliner, presidente de la Sala de lo Social desde febrero de 2008, miembro de Jueces para la Democracia y de corte progresista, y Rafael Gimeno-Bayón, magistrado de la Sala de lo Civil desde marzo de 2010 y especialista en Derecho de la Propiedad Industrial.

pendientes de los plazos Pero la cuestión, es que Sortu no ha pasado el corte. Será a principios de la semana que viene cuando previsiblemente se dé a conocer el contenido de la resolución del Supremo así como de los votos particulares. Desde que se emita dicho auto, Sortu tendrá treinta días para recurrir al Tribunal Constitucional, y éste comenzará su proceso de deliberación. Eso deja pocas posibilidades para que su decisión esté para el 18 de abril, fecha en la que se cierra el periodo para presentar candidaturas. No obstante, tampoco es imposible que el Constitucional fije su decisión para esa fecha. Es cuestión de apenas tres semanas comprobar el transcurso del proceso.

Lejos de precipitarse, es probable que Sortu se tome su tiempo para preparar su recurso, y siga los ritmos ordinarios. Para la elaboración de dicho recurso ahora cuenta con la baza de la falta de unanimidad dentro de la Sala del 61, un hecho en que podría utilizar de aval ante el Constitucional, además de los argumentos que esgriman los votos particulares. No obstante tampoco hay que perder de vista que el Constitucional es un órgano con sus propios criterios, idiosincrasia y diferente composición.

En este sentido se manifestaba ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, que resaltó el hecho de que la decisión judicial no se haya adoptado por unanimidad. Esta circunstancia, según destacó, "supone un resquicio que será utilizado por los letrados de Sortu para intentar pasar el trámite del Constitucional". "Para ellos es una situación más favorable", añadió.

"Sortu tendría que acreditar ante el Tribunal Constitucional que no existe una continuidad estratégica con Batasuna, aunque sean las mismas personas; aquí está la clave: probar esa ruptura y esa voluntad real de cumplir con la legalidad", explicó Juan Calparsoro, añadiendo además que la formación de la izquierda abertzale también alegará una posible vulneración del derecho a la participación política de los ciudadanos como derecho fundamental.