vitoria. Las víctimas del terrorismo de ETA han peleado durante lustros para ser reconocidas por los poderes públicos, y ahora, con una Ley recién llegada al Congreso y una normativa vasca que está a punto de cumplir tres años, están más cerca de su objetivo tanto en Euskadi como en el Estado. Las asociaciones contra la tortura, en cambio, han elegido el ámbito internacional como campo de batalla, y así, han sido organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso las Naciones Unidas quienes han dado varios tirones de orejas al Estado español por no perseguir la práctica de los malos tratos en dependencias policiales.
Si bien estos organismos internacionales consideran que estas prácticas no son sistemáticas o dirigidas desde las altas esferas del poder, sí han constatado que su persecución policial y judicial en España no es todo lo exhaustiva que debiera. Así, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el mismo que ratificó la ilegalización de Batasuna, ha condenado a España, por segunda vez en unos pocos meses, por no investigar denuncias por torturas.
Las comparecencias anuales de Amnistía Internacional en el Parlamento Vasco, por ejemplo, ofrecen un punto de vista sobre el fenómeno de la tortura en el Estado que genera una manifiesta incomodidad en los partidos constitucionalistas. Y es así porque la opinión pública española, en general, no admite un debate sobre los derechos humanos de los detenidos bajo acusaciones de terrorismo con las heridas causadas por ETA aún abiertas. Otra cosa es la posición -las posiciones- que al respecto mantiene la sociedad vasca, que se manifiesta en cada encendido debate sobre el particular que se celebra en el Legislativo de Gasteiz.
No es fácil, por otro lado, encontrar testimonios sobre malos tratos en los medios de comunicación, y la localización de manuales de ETA en los que se ofrecen instrucciones para presentar denuncias falsas tampoco ha contribuido a prestar credibilidad a las denuncias planteadas.
Así, la ONU, Amnistía Internacional o Human Rights Watch cuentan con una perspectiva diferente a la del común de la ciudadanía española y de los partidos que la representan, y por ello sus informes sobre las violaciones de derechos humanos en España chirrían cuando se presentan en el país al que evalúan.
Las víctimas consideran, en cambio, que esa distancia que en principio debería aportar ecuanimidad a organismos internacionales de reconocido prestigio, ha permitido que los colectivos que desarrollan una intensa actividad internacional de denuncia de los malos tratos por parte de cuerpos policiales, afines a ETA en muchos casos, según su opinión, influyan en sus informes.
Por ello, las asociaciones y fundaciones de víctimas de todo el Estado se han unido para reclamar reconocimiento en el ámbito internacional. Esta misma semana, la Fundación para la Libertad y la Fundación Miguel Ángel Blanco han estado presentes en el XVI Consejo de Derechos Humanos celebrado en la sede de la ONU en Ginebra. Respaldadas por una docena de asociaciones de víctimas, ambas fundaciones han acudido a Suiza con una doble misión. La Fundación para la Libertad cuenta con potestad consultiva en la ONU y la ejerció el viernes, para reclamar en una breve exposición que se cree la figura del relator para la defensa de las víctimas de la violencia no ejercida por los estados.
Josu Puelles, portavoz de este colectivo, trató de resumir el informe, suscrito por la mayoría de las asociaciones de víctimas, en el que se da cuenta de la situación de los afectados por ETA. La intervención supuso un contrapunto en mitad del debate sobre la protección de los derechos humanos en la aplicación de políticas antiterroristas.
"Queremos explicar que el proyecto político de ETA es totalitario, y les hemos dado documentación sobre lo que debe ser un fin de ETA sin impunidad", afirmó Puelles a DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA desde la ciudad suiza. Puelles afirmó que, si bien su presencia en el Consejo de Derechos Humanos no pretende "ser contrapeso a ningún movimiento", sí que "ETA y su entorno intentan hacer una labor de internacionalización del conflicto". Por ello, las asociaciones de víctimas "queremos que esos actores internacionales conozcan nuestro punto de vista", afirmó.
violencia de persecución La petición de crear una relatoría especial sobre las víctimas del terrorismo no se ciñe únicamente a las personas que han sufrido atentados o a sus familiares, también pretende que se siga de cerca la situación de quienes viven amenazados. "Que haya gente que tenga que ir con escolta, que no haya libertad para presentarse por un determinado partido, es conculcar derechos", señala Puelles, quien subraya, en todo caso, que "principalmente la relatoría es para poner de manifiesto que no sólo hay gobiernos que ejerzan la violencia por motivos políticos".
La Fundación para la Libertad pretendía hacer llegar la voz de las víctimas de ETA a las Naciones Unidas, pero también a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, los organismos internacionales que fiscalizan el respeto del Estado español por los derechos humanos de los imputados por terrorismo, y que en cada uno de sus informes incluyen también una condena a ETA. También se había programado una reunión con la Fundación Henry Dunant que finalmente no se pudo celebrar por problemas de agenda.
El mensaje que se trasladó a estas organizaciones es el de que la principal vulneración de derechos humanos en Euskadi proviene del terrorismo. "No estamos a favor de la tortura ni muchísimo menos, pero es ETA y su mundo sociológico quien ejerce la violencia. Ha habido sentencias de casos de tortura que rechazamos, pero no es la preocupación primordial en una sociedad democrática", afirma Puelles.
Por su parte, la Fundación Miguel Ángel Blanco organizó un seminario el miércoles sobre "la ausencia de reconocimiento de derechos de las víctimas por parte de los estados". En el acto, conducido por Cristina Cuesta y Arantza Mota, tomaron parte delegaciones de India, Colombia, Turquía, Sri Lanka, Portugal o la Federación Rusa. La presentación tenía como objetivo crear un estatus especial para las víctimas. Se trataba de preparar el terreno para proponer la medida formalmente en la próxima cita del Consejo.
