EL domingo 27 de febrero compré en el aeropuerto de Managua, justo antes de embarcar camino de Euskadi tras el trabajo en Somoto, El Nuevo Diario, uno de los principales periódicos de Nicaragua. Abría su edición con el título Fábrica de millonarios, y acompañaba la información con tres fotos de la mansión que se ha hecho construir Rodrigo Barreto, jefe de gabinete del Consejo Supremo Electoral (CSE). En la contraportada, otra mansión del mismo cargo a pie de playa en un idílico paisaje de la costa del Pacífico. La crónica aportaba detalles sobre las dificultades de los periodistas para localizar las propiedades y cómo el CSE del país maneja facturas infladas o extiende cheques sin justificar.

Para esa fecha, el mismo periódico ya había revelado en los últimos meses casos similares de presunta corrupción en organismos como la Dirección General de Ingresos, el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Aduanas. Pero también para ese día se habían incrementado las amenazas contra el periodista que las firma, Luis Galeano, que desde entonces va pidiendo protección sin que las autoridades del Gobierno de Daniel Ortega se la presten.A Galeano se refería Carlos Mejía Godoy cuando tres días antes le entrevistábamos en Managua: "Ahora mismo hay un periodista condenado a muerte por denunciar la corrupción". "La tarde del 19 de febrero recibí vía telefónica un mensaje anónimo que decía: te quedan 72 horas de vida", relató el propio amenazado. Pero quedaba aún otro recado más sutil. La versión recogida por Reporteros Sin Fronteras cuenta que, "ese mismo día, un desconocido entró en las instalaciones del periódico para dejarle al periodista un mensaje escrito". "En él se amenazaba con denunciar a El Nuevo Diario, a sus directores y al propio Luis Galeano por un supuesto intento de corrupción cometido por el periódico ante el CSE", prosigue. Es decir, los presuntos corruptos optaban por acusar a los denunciantes de malas prácticas periodísticas.

Desde entonces, el periódico ha seguido en su línea de denuncia aunque tenga que estar soportando a diario las diatribas de los partidarios de Daniel Ortega y del FSLN. Una situación que también conoce La Prensa, otro de los diarios nacionales críticos con la gestión gubernamental. No es difícil encontrar en las páginas de los dos medios noticias que hacen alusión a la presión que sufren sus redactores o a las concentraciones, con pintadas amenazantes incluidas, frente a sus instalaciones. Los dos diarios también han recurrido al humor para la denuncia. El Nuevo Diario ha echado mano de la sátira en su suplemento El Alacrán. En una viñeta, un ciudadano se acerca al vigilante apostado en la entrada del Consejo Supremo Electoral. Lo olisquea, lo toca y, cuando el agente pregunta qué está haciendo, el ciudadano responde: "Nomás chequeando si algo era verdad en este lugar".

SIN PROTECCIÓN

DENUNCIAS Y APOYOS

El propio periodista ha sido el encargado de denunciar ante la policía las amenazas -"la tercera que sufre en 2011", según el director del periódico Francisco Chamorro-, pero la respuesta ha sido frustrante: "Me reuní con responsables policiales, pero dicen que mi caso podría no ser resuelto porque es complejo". Mientras, no cuenta con protección porque la comisaría local no tiene capacidad para ello.

Luis Galeano, que en la mancheta del diario figura como responsable de la sección de Especiales, está recibiendo más apoyos en el exterior de sus colegas latinoamericanos que de los compañeros de profesión en Nicaragua, donde cada vez más y siguiendo el modelo de Hugo Chávez, quedan menos espacios para los medios de comunicación no adscritos a la línea que marca el Gobierno. Ninguno de ellos se hace eco de las denuncias documentadas que vienen haciendo los medios opositores sobre las malas prácticas en el uso de los recursos públicos que hacen diferentes organismos institucionales o sobre el enriquecimiento de algunos responsables de estas instituciones.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPP) también se han ocupado del caso. El presidente del SIP, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, cree urgente "investigar con prontitud y aplicar el peso de la ley contra quienes pretenden amordazar a periodistas con intimidación y acoso". Más didáctico ha sido Carlos Lauria, director para América Latina del CPP: "Es normal que los grupos de poder y los funcionarios públicos reaccionen amenazando a los periodistas cuando estos señalan las irregularidades que cometen; los funcionarios tienen derecho a expresar sus puntos de vista, pero no a extralimitarse y amenazar a los periodistas".

EL PRECEDENTE

CARLOS GUADAMAUZ

Hay motivos para estar preocupado por el riesgo que pueda correr Luis Galeano. En Nicaragua, las amenazas no se las lleva el viento, y las balas han acabado con más de un crítico que retó con las palabras a las balas que manejan los sicarios del poder. El más significativo de ellos fue el asesinato, el 11 de febrero de 2004, de Carlos José Guadamuz, que recibió cuatro balazos en el aparcamiento de Canal 23 en el que llevaba un año poniendo en antena un programa. Guadamuz tiene una rocambolesca historia que acabó en tragedia. Destacado militante del FSLN, compartió cárcel con Daniel Ortega en su lucha contra la dictadura de Somoza. Pero este periodista fue de los primeros que advirtió contra la piñata de los noventa, término por el que conoce el reparto de bienes que altos cargos sandinistas, Ortega y Tomas Borge a la cabeza, realizaron saqueando el Estado. Lo hicieron con la excusa de que el FSLN no podía quedar desamparado si quería retornar al poder, pero todo acabó en sus cuentas privadas y en lucrativos negocios de especulación que todavía hoy son denunciados por los sandinistas más críticos. Guadamuz era uno de esos sandinistas críticos. Quiso ser alcalde de Managua por el FSLN y, aunque Ortega no se opuso, maniobró para que fuera derrotado en las primarias del partido. El periodista inició entonces un distanciamiento que ponía de manifiesto en Radio Ya, emisora que fundó y que le fue confiscada por un grupo de sandinistas al frente del cual estaba el hijo de Daniel Ortega. La ocuparon a la fuerza y se la quedaron. Los tribunales dieron la razón al periodista Carlos Guadamuz, pero nunca le fue devuelta.

Acostumbrado a bregar contra las dictaduras, no se calló y puso en marcha el programa Dardos al centro, primero en Canal 6 y, después, en Canal 23. Denunciaba las amenazas de muerte que recibía, hasta que le callaron para siempre. Su asesino fue detenido en el lugar del crimen por empleados de la emisora y el propio hijo del periodista. Dos meses más tarde, William Hurtado fue condenado a 21 años de cárcel. Cuatro años después, el Gobierno de Daniel Ortega le aplicó un beneficio penitenciario y fue excarcelado.