BILBAO. El vicepresidente del Gobierno español y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, guarda en su despacho un informe individualizado de todos y cada uno de los presos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada con la vista puesta en poner en marcha, en el momento que lo considere oportuno, una política penitenciaria adecuada a la nueva situación política que se está dibujando en Euskadi con los movimientos que se están produciendo en el mundo de Batasuna y de la propia ETA.
Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras de la situación, este informe, cuya existencia es conocida por la propia izquierda abertzale ilegalizada, recoge el itinerario y la evolución de cada recluso durante su vida carcelaria, lo que permitirá a Instituciones Penitenciarias disponer de datos sobre su situación personal y penitenciaria de cara a plantearle futuras medidas de reinserción.
La política penitenciaria es uno de los aspectos si no centrales sí de los más sensibles del proceso de resolución del conflicto vasco. En la actualidad el colectivo supera la cifra de setecientos presos repartidos entre las cárceles del Estado español y del francés. De ellos alrededor de seiscientos cumplen condena en las 62 prisiones españolas y el resto en una docena en suelo galo.
La premisa principal establecida por el Gobierno español para acceder a beneficios penitenciarios pasa en la actualidad por firmar un documento en el que el preso expresa su arrepentimiento por el delito cometido y su compromiso para no reincidir. El año pasado un recluso de la organización armada en Langraitz escribió una carta de este tipo en los siguientes términos: "Deseo manifestar mi total desvinculación con la organización ETA por entender que la violencia no representa camino alguno para la obtención de objetivos políticos. Deseo igualmente manifestar mi arrepentimiento por el daño causado y pido disculpas a cuantos resultaron afectados por mis actuaciones". El preso que suscribió esta carta goza hoy de un régimen penitenciario diferente, que incluye salidas de la prisión durante varios días al año. No es el único preso que se encuentra en esta situación. Otros también se encuentran en un régimen penitenciario más abierto y gozan de una semilibertad parcial que se otorga en virtud del artículo 100.2. del Reglamento Penitenciario, que les permite abandonar la cárcel durante unas horas todos los días excepto los fines de semana. Para ello tienen que contar con el visto bueno de la Junta de Tratamiento de la cárcel y del juez de Vigilancia Penitenciaria, previo informe de la Fiscalía. Los requisitos necesarios para acceder a este régimen son haber cumplido la mitad de la condena y haber acreditado un comportamiento de buena conducta y arrepentimiento.
La crisis económica y el paro rampante también juegan un papel importante en la política penitenciaria y en el futuro de los presos que quieren dar el paso. El régimen abierto implica que los internos sólo acudan a prisión para dormir y los fines de semana, siempre que se cumplan otros requisitos, como tener un empleo. Actualmente son las familias y sus entornos las que se ocupan de buscar algún trabajo remunerado, pero si ya en condiciones normales la empresa resulta complicada, la presente coyuntura económica hace aún más difícil colocar a un preso. El Gobierno español está abierto a que sean algunas instituciones y organismos oficiales las que en un futuro no muy lejano asuman un papel más activo en esta labor.
Otras fuentes próximas al colectivo de presos vascos consultadas por este diario señalan que una eventual legalización de la izquierda abertzale oficial podría acelerar el comienzo de una política penitenciaria más laxa por parte del Gobierno español que, en ningún caso, sería de carácter individualizado, aunque finalmente el paso habrá de darlo cada preso. Sería una manera de evitar el trágala de la humillación y la claudicación del colectivo. No en vano la venta del final del conflicto constituye un escollo muy a tener en cuenta de cara a la resolución final del problema.
Las mismas fuentes señalan que las políticas penitenciarias del Ejecutivo español comenzarían por los presos menos complicados, es decir, aquellos que han recalado en prisión como consecuencia de su militancia o participación en alguna de las marcas de la izquierda abertzale oficial u otra organización de su entorno. Un segundo grupo destinatario de estas medidas serían los presos condenados por su participación en ETA en grado de colaboración y sin delito de sangre.
