DE forma paralela a la paulatina desactivación de la violencia de ETA en Euskadi, la política de atención a las víctimas por parte de las instituciones ha ido quemando etapas a lo largo de los últimos años hasta traspasar la frontera de lo que se entiende por grupo terrorista y llegar incluso a cubrir a los más olvidados. Esta semana, el Parlamento ha cerrado un acuerdo -del que sólo han quedado fuera PP y UPyD- que pide al Gobierno medidas de reparación para las víctimas de excesos policiales, aquellas personas muertas o heridas en manifestaciones, en controles o en comisaría, muchas de ellas sin ninguna afiliación política, aunque sus asesinatos sí lo fueran.

También esta semana, el Ejecutivo Vasco ha anunciado que preparará el regreso de los afectados por la violencia de persecución, de los amenazados y extorsionados por el terrorismo. Ambas iniciativas tienen un sabor a punto y aparte, el cierre de un círculo en torno a un reconocimiento a las víctimas del terrorismo que se inició hace más o menos una década.

Antes, la atención a quienes padecieron la violencia política derivó desde la indiferencia de aquellos primeros años noventa, cuando a las concentraciones de Gesto por la Paz asistían ciudadanos anónimos y algún político a título personal, hasta la pelea por copar la primera fila de la manifestación, después de que las circunstancias del asesinato de Miguel Ángel Blanco, tras el inicial estupor, convirtieran la defensa de las víctimas en un activo político. Con el cambio de siglo fue cuando el rumbo del reconocimiento a estas personas, primero damnificadas por ETA y luego por otras violencias, se fue institucionalizando y regularizando, más allá de las prometedoras declaraciones tras cada atentado. En el Parlamento, donde se reunían todas las sensibilidades políticas de Euskadi, se dio el primer paso para ofrecer una cobertura legal a las víctimas del terrorismo.

25 de junio de 2003

El comienzo

Fue aquel día cuando todos los grupos salvo la recién ilegalizada Batasuna aprobaron una Proposición No de Ley que exigía medidas concretas al Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, un texto que fue la génesis de la Ley de Víctimas sancionada cinco años más tarde en el mismo foro. La Comisión de Derechos Humanos presidida por Iñigo Urkullu cerró una batería de trece medidas asistenciales y de reconocimiento en una reclamación al Ejecutivo que a día de hoy aún no se ha cerrado. En todo caso, basta enumerar esas iniciativas para comprender hasta qué punto aquel acuerdo fue la base de lo que se ha hecho hasta ahora, y de lo que queda por hacer. Actos conmemorativos y una jornada anual de reconocimiento, cambio de nombres de calles y plazas dedicados a victimarios, borrado de pintadas que atenten contra la dignidad de las víctimas, traslado a las escuelas de una reflexión tras cada atentado terrorista, e incluso la instalación de un monolito en la entrada del Parlamento en memoria de los afectados por la violencia. Todo esto, en mayor o menor medida, ya es una realidad en Euskadi, aunque hubo otras iniciativas que a día de hoy están pendientes de ejecución.

19 de junio de 2006

Ibarretxe pide perdón

El 19 de junio de 2006, la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, leyó una carta del lehendakari Ibarretxe, en el aniversario del atentado de Hipercor, en la que afirmaba su deseo de "construir el futuro de nuestra convivencia desde la memoria, la justicia y el reconocimiento del daño causado a las víctimas del terrorismo". El entonces presidente de las víctimas catalanas, Santos Santamaría, aseguró que el gesto honraba a Ibarretxe. "Es la primera vez en cuarenta años que el lehendakari pide perdón", subrayó.

23 de abril de 2007

Palacio Euskalduna

Fue el primer acto institucional de reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En aquel evento, ante tres lehendakaris, representantes del PNV, del PSE, del PP, de EA, de EB y de Aralar, ante tres sindicatos y ante la patronal, la viuda del guardia civil Avelino Palma metió el dedo en la llaga desde la tribuna. Manuela Orantes denunció la "utilización como marionetas" a la que los partidos habían sometido a las víctimas, y recordó que cuando se quedó viuda, con 29 años, recibió un anticipo de pensión de 30.000 pesetas y aguantó un año de papeleos antes de cobrar la prestación íntegra. "Nadie me acompañó, nadie me apoyó, nunca tuve una voz de ánimo o de apoyo desde el País Vasco o desde otras partes de España", denunció Orantes. El lehendakari Ibarretxe abogó por "saldar la deuda moral histórica" con el acto de Bilbao.

18 de mayo de 2008

El acto del Kursaal

Este año fue el de la división. Cuatro días después del atentado que acabó con la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutio, ni el PP ni Covite quisieron acudir a un acto al que estaba invitada la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, lo que para el popular Leopoldo Barreda significaba que el lehendakari Ibarretxe daba "una de cal y otra de arena". El PSE no compartía la opinión de sus ahora socios preferentes, y de hecho, por boca de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, criticó que faltara al acto quien "ha hecho bandera de su actuación con las víctimas".

19 de junio de 2008

Se aprueba la Ley de Víctimas

Otro 19 de junio, el de 2008, contempló la aprobación en el Parlamento de la Ley de Víctimas que cerraba el proceso abierto con la Proposición no de Ley de 2003 y que de hecho se sustentaba en aquellas propuestas de cinco años atrás. Todos los grupos, salvo EHAK, que no participó en el debate, dieron el visto bueno a una norma que combinaba la reparación económica con la moral y que, por primera vez y de forma expresa, reconocía como víctimas del terrorismo a quienes cayeron a manos del GAL, de Batallón Vasco Español y de todo aquel grupo organizado que matara por motivos políticos y que reivindicara como tal sus atentados. El texto recogía propuestas como la creación de un Día de la Memoria o del Mapa de la Memoria. Ese mismo año, el director de Derechos Humanos, Jon Landa, elaboró el informe de víctimas de motivación política, que puso nombre y apellidos a más de cien muertos y de quinientos heridos a causa de excesos policiales entre los años sesenta y la actualidad. El informe fue duramente criticado por PP y PSE.

29 de noviembre de 2009

Teatro Principal

Por primera vez, todas las asociaciones de víctimas del Estado asistieron al homenaje institucional, al entender algunas de ellas que el cambio de Gobierno en Ajuria Enea había cambiado las cosas, en pleno auge de la política de tolerancia cero. Hasta entonces , a su juicio, el Gobierno Vasco no había deslegitimado el terrorismo, aunque quizá lo más significativo de aquel homenaje fue el hecho de que Maixabel Lasa anunciara que a partir de entonces se pasaba de la fase del reconocimiento a la de la memoria, también recogida en la Ley de 2008 con diversas iniciativas.

2010

Una nueva etapa

El año 2010 arrancó con la petición unánime del Parlamento al Gobierno Vasco de elaborar un informe que identificara y estableciera medidas de reparación para las víctimas de motivación política, una vez desechado el estudio de Landa. A lo largo de 2010, diversos ayuntamientos vascos señalaron con un monolito, inaugurado mediante el correspondiente homenaje, aquellos lugares en los que se habían producido asesinatos, un movimiento previsto tanto en la Ley de Víctimas como en aquella iniciativa de 2003, al igual que el traslado de la deslegitimación del terrorismo a las aulas. En este punto, las diferencias entre los grupos políticos generaron un duro debate en el Parlamento Vasco a cuenta de la reforma de las unidades didácticas elaboradas por el Gobierno de Ibarretxe. Finalmente se llegó a un precario acuerdo que no ha liberado de la polémica a esta medida. Mientras, los nacionalistas exigían el informe de víctimas de motivación política, que llegó a la Cámara el 1 de diciembre. El retraso provocó que Aralar y EA se ausentaran del primer Día de la Memoria, el 10 de noviembre. Ese mismo mes se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Víctimas, sin el cual la norma se queda prácticamente en papel mojado en materia asistencial.

2011

Cuentas pendientes

La moción de 2003 establecía la reserva de cupos en las OPE para las víctimas, una medida que presenta serias complejidades técnicas y exige reformas legales que han de pactarse entre los gobiernos central y vasco. Pendiente queda también la constitución de un Centro de la Memoria, así como la ejecución real de medidas para las víctimas de motivación política, un reconocimiento que despierta las reservas de PP y UPyD. los populares no quieren equiparar a estas víctimas con las de ETA y el GAL, por cuanto los victimarios eran miembros de las Cuerpos de Seguridad, además de grupúsculos de extrema derecha.