Vitoria. Cunde la sensación, en Euskadi y más allá de sus fronteras, de que la violencia toca a su fin, y ese sentimiento se va viendo acompañado, poco a poco, de hechos. En los últimos meses, la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, ha recibido varias consultas de vascos que emigraron por la amenaza directa de ETA o porque fueron extorsionados económicamente por la organización. Quieren volver.

Esas llamadas llevaron Lasa a proponer al consejero de Interior, Rodolfo Ares, la realización de un estudio sobre las demandas y necesidades de estas personas en materia de percepción de ayudas, de vivienda o de empleo. La idea se planteó ayer a los grupos políticos en la Ponencia de seguimiento de las necesidades de las víctimas del terrorismo. "Se trata de un estudio de la situación de estas personas que se llevará al Parlamento y que trataremos de llevar a cabo con el máximo consenso posible", señaló Ares, quien apuntó que no se trata tanto de cuantificar al colectivo como de encauzar su regreso.

Maixabel Lasa explicó en ese sentido que, por ejemplo, para percibir ayudas sociales se han de demostrar al menos dos años de residencia en la CAV con los que no cuentan estas personas. Por su parte, el adjunto a la dirección de Víctimas, Txema Urkijo, afirmó que "el objetivo no es tener una cifra, sino complementar el sistema de asistencia a las víctimas para que puedan acceder las personas que quieran volver".

Queja de UPYD Según Ares, la medida fue bien acogida por los grupos políticos, aunque algunos, como UPyD, mostraron sus reservas porque la medida puede crear "falsas expectativas", informa Europa Press. "UPyD siempre ha denunciado el éxodo masivo que provocó la existencia de ETA y el clima social generado en Euskadi por la presión nacionalista, pero la libertad es un objetivo que todavía no se ha alcanzado y miles de ciudadanos viven a día de hoy amenazados y escoltados", según el portavoz de este partido, Gorka Maneiro.