madrid. La centralidad es barata; el estado autonómico caro. Éste parece ser el axioma en la que tanto populares como socialistas se sustentan para, poniendo como excusa la actual crisis económica, abrir una campaña de debate sobre la reforma del actual sistema político y territorial español. El fin que parecen buscar ambos partidos es el misma, reforzar las competencias de Madrid frente a las de los gobiernos regionales, aunque las formas de abordar ese debate sean diferentes: los socialistas se limitan a hablar de "retoques" mientras los populares demandan abiertamente un pacto de estado que redefina el sistema.
Por el momento de lo que se habla es de limitar gastos, pero ya hay quien (como José María Aznar) pide una revisión profunda del sistema de las autonomías para limitar su capacidad. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió ayer en una entrevista con Financial Times que el Gobierno "intervendrá" si las Comunidades Autónomas no recortan su gasto y sus niveles de deuda para ayudar a España a salir de la crisis, y aseguró que acometerá las "reformas necesarias" para dinamizar la actividad económica. "Nosotros debemos dar ejemplo a las autonomías con el control del gasto público. Y ellos tienen que responder. Ellos tienen que cumplir con las obligaciones porque si no lo hacen, el Gobierno actuará", avisó el presidente. La forma de intervenir, en un primer paso, estaría en limitar la capacidad de emitir deuda de los gobiernos autonómicos, aunque los "retoques", podrían ir más allá. Zapatero recordó que "ningún Gobierno regional puede emitir deuda sin la autorización del Ejecutivo central. Así que nosotros tenemos la llave". La orden es clara: el endeudamiento de las comunidades deberá ajustarse a la senda de reducción del déficit, de forma que, durante este año solo se podrán autorizar operaciones de endeudamiento por un importe máximo del 1,3% del PIB de cada región, equivalente al objetivo de déficit de 2011.
Asimismo, el presidente insistió en la necesidad de "armonizar las legislaciones de las diferentes Comunidades en materia comercial" con el fin de eliminar trabas a la hora de hacer negocios. En otras palabras: limitar e igualar la capacidad de cobrar impuestos a las empresas siguiendo las directrices que marque el estado. "El Gobierno pondrá en marcha reformas legislativas para conseguir menos líneas rojas, menos licencias y más flexibilidad para la actividad comercial. Se trata de cortar la carga administrativa a las empresas", explicaba Zapatero.
posturas Desde el PP, Mariano Rajoy descartó que sea necesaria una "enmienda a la totalidad" al estado autonómico, pero abogó por "dar pasos" hacia ello. A saber: reforma la ley de estabilidad presupuestaria, reinstaurar el techo de gasto y de endeudamiento, y hacer una ley de "unidad de mercado". Es decir, que sea el estado el que limite y tutele la capacidad de gasto de las regiones y el que defina las reglas de juego de cómo y dónde gastar.
Aznar dijo que el actual modelo de estado es económicamente "inviable" y Rajoy apostilla como "capital" relanzar la estabilidad presupuestaria y poner límites a un Gobierno, el socialista, "muy relajado" en este sentido. "El Estado debería usar la capacidad que le da la Constitución para hacer una legislación básica en todo lo relacionado con la igualdad de derechos de los españoles en el acceso a los servicios públicos", dijo Rajoy.
Pero quizá tan relevante como las aptitudes de PP y PSOE sean las respuestas de las formaciones de ámbito autonómico. Desde Cataluña se descarta esa capacidad de intervención y su portavoz, Francesc Homs, destacó que "no es precisamente una actitud honesta la que toma el Gobierno central, puesto que las leyes que promueve generan gasto a las autonomías y luego se las señala como culpables del déficit público". Desde ICV pidieron unidad frente a la "recentralización que quiere el Gobierno.
