vitoria. Las posibilidades de que la antigua Batasuna recupere su estatus legal de cara a la próxima cita con las urnas se sigue colando en las intervenciones de los principales dirigentes políticos. Pero a pesar de la cantidad de pronunciamientos que se vienen escuchando, especialmente después de que ETA diera a conocer su último comunicado, los cambios, los matices, siguen siendo difíciles de encontrar y la doctrina sigue mandando. Así, mientras partidos como el PNV refuerzan sus llamamientos en favor de la legalización, los portavoces del Estado mantienen firmes las líneas rojas que dificultarán este escenario volcando la responsabilidad final en la decisión de los tribunales.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, defendió ayer en Radio Euskadi, que se ha dado "un salto cualitativo" en Euskadi porque "hoy se puede decir en este país que no existe en el seno de la sociedad vasca organización política alguna o agente social que justifique las acciones violentas". Y consecuentemente, y coincidiendo con las más recientes declaraciones de Arnaldo Otegi que situaban la legalización como una clave "fundamental" para afianzar la "irreversibilidad" del proceso que alumbra el alto el fuego, aseguró que la izquierda abertzale aún ilegalizada "debe estar en las elecciones" porque su presencia, "además de una cuestión de principio democrático, es un elemento clave en el proceso de pacificación".

Además, destacó que Batasuna "diga, aun siendo ilegalizada, que su apuesta es de tal calado que no tiene marcha atrás", por lo que, pese a que "todavía tenemos violencia", entiende que "se están dando pasos en la dirección correcta". En su opinión, existe "un cambio estratégico cualitativo" dentro de la izquierda abertzale histórica que implica que "da por cerrada la estrategia político militar de ETA". "Y eso no tiene vuelta atrás", insistió.

"no será aceptada" Sin embargo, a estas declaraciones se sigue oponiendo la doctrina que el ministro del Interior dicta y sus compañeros de Gabinete siguen a pies juntillas. El también vicepresidente primero del Gobierno que dirige Jose Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió ayer -en su quinta comparecencia para valorar el escenario creado tras el comunicado- en que Batasuna es ilegal porque los tribunales dijeron que era "parte de ETA", y en que, si quiere volver a ser legal debe convencer a ETA de que "deje las armas", o abandonarla "fehacientemente".

Aún más escéptico se mostró el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien aseguró que la voluntad de su Gobierno continúa siendo la de "perseguir la participación política" del entramado de ETA -"no cabe alterar la estrategia", aseguró de nuevo-, y vaticinó que la nueva formación política "no será aceptada" por los tribunales. En declaraciones a Onda Cero, Jáuregui consideró, además, que el comunicado "no es suficiente" porque constata que "ETA tiene voluntad de permanencia", por lo que "no hay una desaparición de la violencia en el corto plazo".