vitoria. La exconsejera de Cultura del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, defendió ayer ante la Comisión parlamentaria de investigación del caso Miñano a su director de Juventud en el Gobierno Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, imputado por la adjudicación de contratos menores a las sociedades Kataia, Ortzi Muga y Errexal, estas dos últimas administradas por el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan. Azkarate, que aseguró no haber controlado los contratos de escasa cuantía durante su mandato, censuró "los juicios paralelos" que a su juicio se están desarrollando sobre los imputados y se preguntó "quién va a resarcir" a éstos si el caso acaba en sobreseimiento.
Tras declarar hora y media ante los grupos políticos y reunirse con parlamentarios del PNV en los despachos de los jeltzales, Azkarate se pronunció ante los medios respaldada por el portavoz nacionalista en la Cámara, Joseba Egibar. La portavoz del Gobierno Vasco en las dos últimas legislaturas lanzó un alegato en favor de Sánchez Robles, que el pasado día 10 compareció ante la Comisión, pero que rechazó responder a las preguntas de los partidos.
"El director de Juventud ha hecho un trabajo excelente con muy pocos trabajadores", señaló Azkarate, quien subrayó que durante su trabajo en el Ejecutivo Sánchez Robles remitió informes económicos y de actuación de toda su actividad. "A día de hoy yo sigo defendiendo la inocencia de Xabier Sánchez Robles. Está por probar que se hayan cometido irregularidades y hay un proceso abierto, pero en este país somos muy dados a hacer juicios paralelos y a condenar de antemano. Lo que hay que probar es la culpabilidad, no la inocencia", criticó.
La exconsejera de Cultura defendió la transparencia en la administración y la adopción de medidas en caso de detectar irregularidades, pero "pero primero hay que probar que no se ha actuado correctamente, y no creo -enfatizó- que estemos en esa fase todavía". Azkarate se preguntó "quién se va a responsabilizar del resarcimiento personal y familiar, no ya del político o económico, si se produce un sobreseimiento", dado que "algunas personas aparecen ya ante la sociedad como culpables o altamente sospechosas".
En cuanto a su papel en las adjudicaciones investigadas, la exconsejera afirmó, primero, que el Gobierno Vasco cuenta con mecanismos para "asegurar que las tramitaciones se realizan debidamente", y segundo, que ella desconocía el detalle de esos contratos menores. "Es más -prosiguió-, defiendo que si un consejero tiene que entrar a fiscalizar esos contratos menores, o puede trabajar 72 horas en una jornada de 24, o difícilmente va a poder hacer lo que realmente tiene que hacer, que es dirigir políticas, líneas estratégicas y planes de actuación".
Sobre el hecho de que los contratos menores investigados sumaran 200.000 euros en adjudicaciones que no constan en el Departamento de Cultura, Azkarate pidió que se espere a escuchar la versión de Sánchez Robles y de los responsables de las empresas presuntamente beneficiadas -San Juan eludió acudir al Parlamento sin dar explicaciones-. "Estamos jugando solamente con uno de los elementos", subrayó.
problemas en cultura No es la primera vez que la exconsejera de Cultura debe comparecer en una comisión de investigación del Parlamento. El final de la última legislatura de Ibarretxe se vio salpicado por los casos Balenciaga y Guggenheim, que revelaron irregularidades en ambos museos, dependientes de su departamento. En esta ocasión también están implicados en la investigación las consejerías de Industria e Interior del Ejecutivo, pero los parlamentarios sólo han llamado a declarar a la que fuera mano derecha de Juan José Ibarretxe.
