Veinticuatro horas después de viera la luz el comunicado de ETA en el que la organización armada decretaba un alto el fuego "general, permanente y verificado", el debate se trasladaba al futuro de la izquierda abertzale oficial y, ante lo expuesto por la organización armada, las posibilidades reales de este sector político de concurrir con marca propia a las elecciones municipales y forales del próximo mes de mayo.

A cinco meses de la cita con las urnas, la izquierda abertzale mantiene su apuesta. Su idea es presentar la nueva marca electoral antes de que concluya este mes de enero. Según señalaron sus portavoces, la nueva formación "cumplirá a rajatabla con los requisitos legales que conforman la Ley de Partidos". Sin embargo, la pregunta es clara: ¿Será suficiente que, de manera escrupulosa, cumplan con las exigencias expuestas en la Ley de Partidos? A tenor de las declaraciones realizadas ayer por responsables políticos del Gobierno español y del Ejecutivo vasco, resulta evidente que este cumplimiento a "rajatabla" con los requisitos legales no va a servir para que la izquierda abertzale esté presente en las elecciones con siglas propias.

Ambos Gabinetes, el de Zapatero y el de Patxi López, mantienen -por lo menos de forma pública- su política de firmeza. Tanto Alfredo Pérez Rubalcaba como Idoia Mendia colocaron en el tejado de la izquierda aber- tzale su legalización. El responsable del Ministerio del Interior del Gobierno español, en una axioma que ha repetido en un sinfín de ocasiones, aseguraba que para volver a la legalidad, la izquierda abertzale tiene dos caminos: "que ETA lo deje del todo, y ese caso no habrá tacha de ilegalidad; y otra opción es que Batasuna deje del todo a ETA". Mendia, por su parte, señalaba que el que la izquierda abertzale esté en las elecciones municipales no depende de los gobiernos, sino de los tribunales. Dejar en manos de los jueces la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones aliviaría la presión sobre el Ejecutivo Zapatero y, por extensión, al Gabinete López. Puestas las cartas sobre la mesa, probablemente será el Tribunal Supremo quien vaya a tener la última palabra, lo que evitaría al Gobierno socialista cargar sobre sus espaldas la decisión de permitir la presencia en las urnas de la izquierda abertzale ahora ilegalizada.

El Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Calparsoro, aseguraba ayer que al no haber por parte de ETA una declaración definitiva de abandono de las armas, "es prematuro proceder a la legalización de Batasuna". En declaraciones a Radio Euskadi, Calparsoro recordó que ETA no ha asumido "la terminación definitiva de la amenaza terrorista" por lo que, en su opinión, el comunicado emitido por la organización armada, "no conlleva necesariamente, como causa efecto, la legalización de la izquierda abertzale". Calparsoro, sin embargo, tampoco negó de forma tajante que esa legalización no pudiera llegar a producirse.

Al mismo tiempo, PSOE y PP daban un paso más en su intención de taponar las vías de acceso de la izquierda abertzale a las instituciones. La Comisión Constitucional del Senado aprobaba la reforma electoral suscrita por socialistas y populares. Con el único voto en contra del PNV, esta comisión senatorial aprobó ampliar los plazos para impugnar candidaturas, así como la incompatibilidad sobrevenida en el caso de que algunos electos pudieran tomar posesión de sus cargos. Según señaló el senador socialista Miguel Urquiza: "es un claro mensaje a la izquierda abertzale de que no podrá saltarse la ley".