El coste humano del conflicto...

Éste es, hasta hoy, el coste humano de los 50 años de existencia de ETA más allá de cifras y estadísticas. Éstos son sólo algunos de los sentimientos en los que se verán retratadas las miles de víctimas que han sufrido y sufren directa o indirectamente las consecuencias de la lucha armada de ETA y de la lucha antiterrorista de los Estados español y francés.

Un daño, en la mayoría de los casos irreparable, que ha trastocado la convivencia en Euskal Herria a lo largo de los años y que tras el comunicado de ETA difundido ayer, aun sabiendo que no certifica el final de la violencia, podría suponer el inicio de un proceso de paz y normalización. Un proceso en el que siempre será necesaria la memoria de todas y cada una de las víctimas, no sólo aquellas incluidas en las listas elaboradas por las instituciones públicas o determinadas organizaciones y colectivos. Se trataría de hacer una radiografía en toda su dimensión del coste humano, social y económico tras décadas de conflicto armado.

cincuenta años de "lucha"

...y casi un millar de muertos

Sin ánimo de hacer una guerra de cifras, el balance de muertos en atentados cometidos por ETA desde su nacimiento supera con creces al número de activistas y víctimas fallecidas por la denominada violencia de motivación política o aquella perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado y organizaciones parapoliciales y de ultraderecha, como los GAL, el BVE y la triple A.

Desde su primer asesinato en 1968 hasta el comunicado de ayer en el que anunció un alto el fuego "permanente, general y verificable", ETA ha asesinado a un total de 829 personas, según los datos oficiales recopilados por el Gobierno Vasco y el Ministerio del Interior y facilitados a este periódico. El colectivo más golpeado por las acciones de la organización han sido los miembros de las fuerzas armadas y cuerpos policiales (486), mientras que los civiles fallecidos ascienden a 343.

El año más negro durante las décadas en las que ETA ha permanecido activa fue 1980, con 92 víctimas mortales. Aquella fue, sin duda, una de las épocas más sangrientas. Las cifras hablan por sí solas. En tan sólo tres años (1978, 1979 y 1980), ETA arrebató la vida a 234 personas.

En los últimos cuatro años, la organización armada se ha visto más acorralada que nunca y, aún así, entre el alto el fuego de 2006 y el comunicado de ayer, ha asesinado a 12 personas, cuatro de ellas civiles y el resto miembros de las fuerzas armadas o cuerpos policiales. Dos de las acciones que más convulsionaron a la sociedad vasca en este último periodo fueron el atentado del ex edil socialista de Arrasate Isaías Carrasco, asesinado a tiros la víspera de las elecciones generales (2008), y el atentado en el que ETA arrebató la vida del empresario azpeitiarra Ignaxio Uria (2008). Acción que fue incluso cuestionada en el seno de la izquierda abertzale tradicional.

El último atentado mortal de ETA fue perpetrado el 30 de julio de 2009 y se saldó con la muerte de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaún. Ello sin tener en cuenta el tiroteo registrado en Francia en 2010 y en el que falleció el policía galo Jean-Serge Nérin.

Respecto al número de víctimas mortales de la denominada violencia de motivación política, no se ha alcanzado todavía un consenso en el plano institucional. No obstante, existen informes oficiales con datos pormenorizados, como el elaborado por el anterior director de Derechos Humanos, Jon Landa, que eleva a 105 las personas fallecidas como consecuencia de esta violencia.

La muerte de Mikel Zabalza o las circunstancias en las que fallecieron las víctimas del 3 de marzo constituyen algunos de los casos más conocidos e incluso debatidos en sede parlamentaria, pero existen otros menos aireados. Y pese a ello, los nombres y apellidos de cada una de estas víctimas forman parte también de la memoria histórica y son consecuencia del conflicto armado.

El primer activista de ETA fallecido fue Txabi Etxebarrieta, que fue tiroteado por la guardia civil el 7 de junio de 1968. Y el último activista muerto fue Jon Anza, cuyo cadáver fue localizado en marzo del año pasado en la morgue de Toulouse tras varios meses desaparecido en extrañas circunstancias que actualmente se están investigando por parte de la Justicia francesa.

Pero la de Anza no fue la única desaparición de miembros de ETA. En su historia, acumula casos que todavía hoy siguen sin esclarecerse, como la desaparición de Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur (julio de 1976) o José Miguel Etxebarría Álvarez, Naparra (junio de 1980). Existen además otros casos conocidos como la muerte de los miembros de ETA Lasa y Zabala, cuyos restos fueron hallados en 1985 en una fosa en Busot (Alicante) con orificios de bala en la cabeza; Xabier Kalparsoro, Anuk, fallecido en la comisaria de Bilbao en septiembre de 1993, o José Luis Geresta Mujika, Ttotto, cuyo cadáver fue encontrado en marzo de 1999 en un descampado de Errenteria. Entre los muertos de la organización armada habría que incluir, asimismo, la treintena larga de activistas que fallecieron mientras manipulaban artefactos explosivos. Los casos más recientes se dieron en 2001, cuando falleció en Torrevieja la joven Olaia Castresana, y en 2002 con la muerte de Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga Gogorza al estallar la dinamita que llevaban en una mochila cuando circulaban por el barrio bilbaíno de Basurto.

las "otras" víctimas

Amenazados y torturados

El coste humano del conflicto vasco va mucho más allá del casi millar de víctimas mortales. Millares de heridos, huérfanos, viudas sufren hoy las consecuencias de tantos años de violencia. Una violencia que, por otro lado, tiene diferentes caras o expresiones, como la denominada violencia de persecución o la práctica de malos tratos y torturas.

Respecto a la primera, la consejería de Interior del Gobierno Vasco asegura no disponer de un dato oficial. No obstante, según un estudio realizado hace varios años por la asociación pacifista Gesto por la Paz, "estaríamos hablando de unas 40.000 personas".

Se trata de miles de ciudadanos amenazados por ETA que han vivido diariamente con escolta, con el miedo pegado a su espalda ante el riesgo de ser asesinados; con el pánico a las represalias por no pagar el bautizado como impuesto revolucionario. Políticos, empresarios, er-tzainas, periodistas y un largo etcétera... Todos ellos han sufrido durante años la falta de libertad y un agotamiento desesperante a consecuencia de esta violencia de persecución que no emplea armas, pero que causa igual o mayor terror si cabe. Un miedo que ha obligado a muchas personas amenazadas a dejar el País Vasco, para poder emprender una vida sin presiones ni amenazas. Un miedo que ha provocado un destierro empresarial, empujando a empresarios vascos a instalar sus negocios en los territorios colindantes a Euskadi u otras comunidades autónomas más alejadas.

Y de esta desesperación a otra cara de la violencia. Ésta ejercida por los cuerpos policiales. Se trata de la práctica de torturas a los detenidos, en la mayoría de los casos durante el periodo de incomunicación, régimen cuya aplicación regula la Ley antiterrorista española. Según recoge la web de Torturaren Aurkado Taldea (TAT), se han registrado cinco muertes (Mikel Zabalza, Joxe Arregi, Esteban Muruetagoiena, Gurutze Iantzi y Xabier Kalparsoro) bajo tortura en régimen de incomunicación desde 1981.

Por otro lado, las denuncias de torturas son numerosas, tal y como se puede constatar en los informes anuales propios e internacionales que el TAT archiva en su página www.stoptortura.com. En relación a este tipo de violencia, una de los principales cuestiones a destacar es que la mayoría de las denuncias son archivadas y en contadas ocasiones se ha abierto juicio contra los autores de torturas. Menos aún se han dictado condenas por esta tipo de delito. El último juicio ha sido recientemente. Tras casi una década sin ninguna sentencia por estos hechos, fueron condenados cuatro guardias civiles por torturar a los activistas de ETA, Igor Portu y Mattin Sarasola.

los presos y sus familiares

Dispersión y accidentes

En esta somera radiografía del coste humano causado por el conflicto armado, cabe destacar también las consecuencias de la política de dispersión que el Gobierno central viene aplicando a los presos de ETA, como parte de su estrategia en la lucha antiterrorista. Los familiares y allegados de los 714 presos de la organización -según datos de octubre de 2010 actualizados por la asociación Etxerat- se han visto y se ven obligados a recorrer cada semana miles de kilómetros para una visita. Además del agotamiento físico y mental, y el coste económico que suponen estos traslados, Etxerat ha contabilizado desde 1982 la muerte de 16 personas como consecuencia de accidentes de tráfico cuando se dirigían a visitar a sus familiares presos.

En lo que se refiere al colectivo de presos, actualmente 555 reclusos están encarcelados en prisiones españolas, mientras que 159 en cárceles extranjeras, la mayoría francesas. Por último, según los datos que recoge Etxerat en su web, desde 1982 ha habido más de 60 refugiados vascos en distintos países de América Latina y África. Asimismo, cabe mencionar los refugiados de ETA en Francia y aquellos ex militantes y políticos actualmente en paradero desconocido, como el ex preso Iñaki de Juana Chaos o la dirigente abertzale Aurore Martin.