madrid. La Fiscalía de Madrid presentó ayer una denuncia contra 175 controladores aéreos (los que trabajan en los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz) por un presunto delito de sedición por el caos aéreo provocado el 3 y 4 de diciembre. La denuncia ha sido presentada en el Decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto, y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento. Hasta el momento, la única acción judicial contra los controladores por el delito de sedición era la querella interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Si se considera que los hechos y los denunciados son los mismos, la acción de la Fiscalía podría corresponder a este mismo Juzgado.

El delito que el fiscal imputa a los controladores está previsto en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, que establece penas para los empleados de aeropuertos "que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia". El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.

La Fiscalía ha denunciado a los controladores después de recibir un informe de AENA sobre lo ocurrido en el puente de la Inmaculada, que se une a los informes policiales que incluían una relación de los controladores que no acudieron a trabajar.

embargo El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, aseguró que no ve "descabellado" que, como pidió la patronal madrileña, se solicite el embargo de bienes de los controladores aéreos en el marco de las diligencias penales que se inicien con motivo de esta denuncia. Sin embargo, a preguntas sobre si la Fiscalía apoyará esta medida, Esteban subrayó que "en absoluto se puede descartar".

El fiscal señaló que pedirá, nada más recaiga la denuncia en un Juzgado, que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante la Fiscalía. Hasta ahora, los controladores han tomado esa aptitud hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.