PARÍS. La Fiscalía francesa pidió hoy 30 años de cárcel para Mikel Albisu, "Mikel Antza", y María Soledad Iparragirre, "Anboto", por considerarlos presuntos dirigentes de ETA cuando fueron detenidos en 2004, el primero jefe del aparato político y la segunda del financiero.
El fiscal Jean-François Ricard también solicitó ante el Tribunal de lo Criminal de París que dos tercios de esa pena -la máxima posible por los delitos de los que están acusados- sean de cumplimiento efectivo, y que una vez que salgan de la cárcel sean expulsados de forma definitiva de Francia.
Ricard requirió 20 años de cárcel para otro de los encausados, Juan Cruz Maiza, en tanto que "corresponsable del aparato logístico" al menos en el periodo 2002-2004, durante el que estuvo a cargo de los escondites donde ETA tenía los arsenales de armas y explosivos en Francia.
Para los otros siete encausados en este proceso, que comenzó el 15 de noviembre, todos ellos dueños de propiedades en las que la banda terrorista escondía algunos de sus arsenales, las condenas pedidas por la Fiscalía fueron de quince a cinco años de prisión.
Ricard también se pronunció a favor de la incautación definitiva de las tres casas en otras tantas localidades de Iparralde (Urrugne, Saint Pierre d'Irube y Briscous) en las que se localizaron subterráneos construidos para esconder arsenales de ETA,.
El fiscal precisó datos sobre las responsabilidades de "Antza" y "Anboto", y así señaló que el primero no sólo participaba en el comité central -máximo órgano de ETA donde se toman las grandes decisiones de la banda, como la comisión de atentados-, sino que disponía de "un poder central" evidenciado en su "capacidad para modificar la estructura" de funcionamiento.
Añadió que el acusado no tenía un papel meramente político por estar al frente del aparato que lleva ese nombre, y para ilustrarlo aludió a los documentos aprehendidos en Salies de Béarn que mostraban la supervisión que ejercía mes tras mes y estructura por estructura de los efectivos de que disponía ETA.
En cuanto a Iparragirre, considerada presunta "jefa del aparato financiero", el fiscal afirmó que daba "instrucciones firmes a cada aparato" sobre la forma de realizar la contabilidad, de la que le tenían que rendir cuentas.
Pero además, estaba "directamente implicada", según las mismas fuentes, en las operaciones de extorsión de empresarios para el cobro del llamado "impuesto revolucionario", según el representante del ministerio público, que citó numerosos textos que ella redactó sobre esa cuestión.
