madrid. El Congreso de los Diputados dará hoy el pistoletazo de salida a la tramitación de la proposición de ley suscrita por PSOE y PP para reformar la Ley Orgánica de la Reforma Electoral General (LOREG) con el fin de impedir a Batasuna y sus herederos el acceso a las instituciones.
La iniciativa, que fue acordada por socialistas y populares al final de la subcomisión parlamentaria que durante casi dos años había debatido la reforma global de la legislación electoral vigente, comienza a andar en la Cámara Baja con la reunión de la ponencia, cuyo informe se verá en la Comisión Constitucional el próximo miércoles.
Esta reforma se centra en ampliar los plazos para impugnar candidaturas, que estaban muy tasados, habida cuenta de Batasuna y sus marcas sucesoras aprovechaban que caducaba el plazo para desvelar sus intenciones y anunciar cuál era su apuesta para las elecciones.
Además, en el supuesto de que la apuesta de la izquierda abertzale ilegalizada no se desvele hasta el mismo día de las elecciones, el texto amplía también el plazo para recurrir la proclamación de electos con el fin de evitar que éstos puedan llegar a tomar posesión de sus cargos.
Asimismo, se introducen unos cambios legales para impedir que los sucesores de Batasuna permanezcan en sus escaños después de que se ilegalice la marca con la que se presentaron, atribuyéndoles una incompatibilidad sobrevenida que podrán salvar si hay una renuncia expresa de las causas que motivaron la ilegalización de esa formación, una figura jurídica que plantea visos de inconstitucionalidad para PNV, CiU y ERC.
A esta proposición de ley se añadirá una enmienda acordada también por PSOE y PP para extender a las agrupaciones de electores las nuevas medidas.
Los dos partidos mayoritarios contarán con el respaldo de Coalición Canaria, que centraliza la voz del Grupo Mixto en la Comisión Constitucional. Enfrente se situarán principalmente ERC y el PNV, que ha presentado enmiendas parciales para pedir la supresión de todos los artículos de la iniciativa de PSOE y PP.
De forma paralela, el Congreso debatirá esta semana en tres fases la reforma general de la Ley Electoral, que además de la firma de los partidos mayoritarios suma a los nacionalistas catalanes y vascos.
Entre otras medidas, esta revisión excluye a los emigrantes de las elecciones municipales, facilita el voto en urna en consulados a los censados en el extranjero, desactiva el papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura municipales, reduce los gastos electorales, congela las subvenciones a los partidos, elimina la publicidad política en precampaña y exige un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que optan a escaños en Cortes.
