vitoria. La directora de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa; el director adjunto de este organismo, Txema Urkijo, y la directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Inés Ibáñez de Maeztu, se repartieron ayer los tiempos en la presentación del informe sobre víctimas de motivación política y la réplica a las objeciones y apreciaciones de los grupos.

Urkijo respondió a las críticas de los grupos sobre la no equiparación de unas y otras víctimas y sobre la eliminación del listado elaborado en 2008 por Jon Landa. Según Urkijo, el informe actual "diferencia" a las víctimas del terrorismo y a las de motivación política, pero "no las jerarquiza", pues todas ellas comparten el haber sido objeto de vulneraciones de derechos humanos.

En cuanto al listado de Landa, Urkijo explicó que "tiene un valor fundamental para seguir trabajando", pero que se ha retirado para evitar "confusiones", pues podría entenderse que tiene un "valor jurídico" que no existe, por ejemplo, a la hora de reclamar indemnizaciones. Urkijo aseguró además que el contacto con estas víctimas de motivación política seguirá la estela que, a su juicio, ha dejado el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. "Que no les quepa duda de que el trabajo se hará desde la proximidad, la cercanía y la empatía", aseguró.

Lasa, por su parte, incidió en la evolución democrática del Estado desde 1975 hasta hoy, que motiva la división del informe en tres periodos, el comprendido entre 1968 y 1975, el que abarca desde la Transición hasta 1985, cuando estima la Dirección de Atención a las Víctimas que la violencia policial se ejerció con la connivencia de los poderes públicos, y desde entonces hasta hoy. En este último tramo se exime al Estado de responsabilidades.

Lasa pidió a los grupos que trabajen "sin prisas", sin "estridencias" "prejuicios" o "maximalismos", y reclamó a los partidos "altura de miras" para "blindar la hoja de ruta" diseñada para lograr una reparación "que ya tocaba".