Vitoria, 1 dic (EFE).- Los grupos de la Cámara vasca y el Gobierno autonómico han alcanzado hoy un consenso de mínimos para empezar a trabajar sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política.
El punto de partida es un informe presentado hoy en el Parlamento Vasco por la directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Ejecutivo autonómico, Maixabel Lasa, que acota y define qué personas serían susceptibles de merecer un reconocimiento por haber sufrido la represión del franquismo, el ataque de grupos parapoliciales, de la extrema derecha o de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como otras vulneraciones de derechos humanos desde 1968 hasta hoy.
El documento, titulado "Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos en un contexto de violencia de motivación política", es una revisión del que elaboró el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe en 2008, que sin embargo no concitó consensos y fue aparcado.
Tras aquella primera aproximación a la realidad de otras víctimas distintas a las del terrorismo, Lasa ha emplazado hoy a los grupos a alcanzar un consenso para "cerrar el círculo" del reconocimiento a las víctimas, tras los pasos dados en este sentido con las del terrorismo.
El documento evita caer en una equiparación entre víctimas de situaciones diferentes y parte de una clasificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos según tres etapas históricas: la dictadura franquista (1968-1977), primeros años de la democracia hasta la segunda mitad de los ochenta y, en tercer lugar, desde la mitad de los ochenta hasta la actualidad.
Estas últimas no reciben la consideración de víctimas de violencia de motivación política, lo cual no implica que se consideren menos graves, ha aclarado Txema Urkijo, adjunto a la Dirección de Víctimas.
Esta clasificación ha suscitado críticas de partida, como la de Carlos Urquijo (PP) quien ha advertido de que la definición del segundo período cuestiona gobiernos legítimos, ya que se afirma que ciertas instituciones del Estado español alentaron o toleraron la acción de grupos parapoliciales y de extrema derecha.
Otro punto que ha suscitado críticas es la supresión del listado de posibles víctimas que se aportó en el anterior documento de 2008, en el que se identificaba a 105 muertos y a 538 heridos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
PNV, Aralar y EA han protestado por la desaparición de esta primera clasificación y Aintzane Ezenarro (Aralar) ha pedido que se recupere y complete con los casos de tortura.
El documento no propone medidas concretas para el reconocimiento de estas víctimas pero sí plantea entre otras cosas crear una ponencia parlamentaria específica para abordar esta problemática.
Todos los grupos han acordado empezar a trabajar para tratar de resolver este asunto "de una vez y para siempre". EFE
