La izquierda está que trina ante el anuncio de la consejera de Empleo y Asuntos sociales sobre un aspecto concreto del nuevo Lanbide que ha anticipado el Ejecutivo: la supresión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para aquellas personas que lo perciben, sean susceptibles de estar empleadas y rechacen ofertas de trabajo o se nieguen a participar en cursos de formación.

Necesaria. Vaya por delante que la propuesta, en genérico, me parece necesaria porque la sociedad no debe cargar con un coste social por falta de iniciativa de los beneficiarios. El debate, que ya venía anticipando la propia Zabaleta cuando apuntaba su voluntad de vincular los servicios sociales con el empleo, recuerda inevitablemente al que ha surgido en Gran Bretaña con el cobro de los subsidios.

Desconocemos la letra pequeña y coincido con los que advierte que conviene estar vigilantes a la traslación que esa idea todavía esbozada tenga en la ley que regule el futuro Lanbide. Objeta el sindicato ELA (¡qué magnifica oportunidad para estar en este órgano y debatirlo allí de forma tan exigente como considere oportuno!) que el Gobierno Vasco trata de obligar a los desempleados a aceptar empleos en precario, cualquiera que sea su naturaleza y que, por si fuera poco, los empresarios ven con buenos ojos esta propuesta. Tampoco CCOO parece estar por la labor.

No me parece un argumento razonable ni serio esgrimir que una de las causas de la oposición sea que los empresarios están a favor de la medida anunciada. Como ellos aplauden, yo pataleo. O viceversa. Vayamos pues a debatirlo en otros términos. Por ejemplo, el del empleo precario o no adecuado a la demanda del beneficiario de la RGI.

Me parece mucho aventurar que Lanbide vaya a ofrecer puestos de trabajo en precario más allá de los que ya dicta la ley y de los que está imponiendo la realidad laboral marcada por la crisis. Es decir, que me cuesta imaginar que un servicio oficial ofrezca trabajo "ilegal". Otra cosa distinta es que a los sindicatos no les guste, a mí muchas veces tampoco, que las actuales ofertas de trabajo sean temporales y escasamente retribuidas. Pero ésa es otra batalla que poco tiene que ver con el debate que nos ocupa.

Conviene recordar que la RGI (280 millones de euros en 2010) se asignan tanto para la "cobertura de los gastos básicos para la supervivencia como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral". Cuando hablamos de "supervivencia" estamos refiriéndonos a situaciones límite que bien podrían ser remediadas con la aceptación por parte del beneficiario de una de esas ofertas de empleos que siendo legales no les gusta a los sindicatos. Y si hablamos de la "inclusión social y/o laboral", qué mejor que estar en contacto con el mercado de trabajo para superar esa delgada pero tremenda línea que separa la inclusión de la exclusión.

Beneficiarios. Hablemos claro. Miren a su alrededor y verán personas que necesitan esa cantidad mensual, que ronda de media los 640 euros por familia, para seguir viviendo con cierta dignidad y no perder el tren de la vida que les lleve a un abismo del que es mucho más difícil salir. Ésas sí son las personas para las que es un ingreso vital y si queremos garantizar que sigan percibiendo la solidaridad de quienes sí podemos contribuir es necesario poner orden donde ahora mismo no lo hay. O no el suficiente.

Deliberadamente he puesto por delante a estas personas honradas que precisan de un paraguas social que corrija los desmanes del sistema capitalista. Llámenme liberal, pero por desgracia no hemos descubierto otro sistema que nos garantice los actuales niveles de bienestar. Sí, necesita elementos correctores, pero también iniciativa para no convertir nuestras cuentas públicas en una inmensa máquina de ciudadanos subvencionados.

Sigamos hablando claro. No entiendo por qué los sindicatos y partidos de izquierda no comparten esta pretensión de acabar con lo que sin ser un fraude (para eso están los inspectores y la ley) nos conduce a un modelo donde proliferan los casos que no merecen ni nuestra ayuda económica ni nuestro respeto social.

Vuelvan a mirar a su alrededor. ¿No ven jóvenes que prefieren trabajar ocasionalmente cobrando alternativamente un sueldo, un subsidio de desempleo, una RGI y una ayuda para la vivienda a comprometerse con un trabajo con proyección pero peor remunerado que esa suma de dinero público? La segunda opción, claro, requiere más esfuerzo e iniciativa que la primera. Les puedo presentar unos cuantos que optan por la sopa boba municipal, foral, autonómica y estatal. A veces sorbiendo de varios cazos al mismo tiempo.

Se pone el grito en el cielo porque se pretende acabar con esa cultura pasiva y subvencionada generosamente y, sin embargo, se exige que los poderes públicos graven cada vez con más impuestos a quienes sí han optado por emplearse. No lo entiendo. Me habré vuelto "neoliberal". Y yo que creía que trabajar y pagar impuestos para redistribuirlos entre los que de verdad lo necesitan y sancionar a los que no dan un palo al agua era de izquierdas...