madrid. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha solicitado un informe "claro e independiente" para conocer lo sucedido en El Aaiún a raíz del desalojo por la fuerza del campamento saharaui de Gdeim Izik, pero no aclara quien debe hacerlo. Jiménez, que hizo esta petición ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, aseguró que "es necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo ocurrido para hacer un pronunciamiento definitivo, con datos precisos y fehacientes".
Justificaba así la ministra la falta de condena de su Gobierno al régimen alauí y volvía a apuntalarla por la confusión que rodea los hechos. Sin embargo y quizá por las presiones recibidas, el anuncio de ayer supone un cambio ya que hasta ahora el Ejecutivo español sólo había reclamado tal informe a una de las partes, al Gobierno de Marruecos. En lo restante la ministra volvió a repetir el guión de días anteriores: falta de datos, investigación sobre la muerte del ciudadano español Babi Hamday Buyema, apuesta por el diálogo y necesidad de mantener la interlocución privilegiada de España con el régimen alauí. Además, la titular de Exteriores volvió a pedir a las autoridades de Rabat que se levante el veto a los periodistas españoles y se les permita trabajar en la capital administrativa del Sahara Occidental para informar de esta crisis. Respecto a este tema dijo que espera "muy pronto" noticias.
La jefa de la diplomacia aseguró que la solución del conflicto del Sahara Occidental, pendiente de que se produzca su descolonización, sólo es posible, según la ministra, con la aplicación de la legalidad internacional y el apoyo "permanente" y "sin fisuras" de Naciones Unidas.
La ministra Trinidad Jiménez, emulando a Zapatero, aprovechó su comparecencia para hacer un llamamiento a la oposición para que la cuestión del Sahara sea vista como "política de Estado" y no genere enfrentamientos entre partidos.
