vitoria. El dirigente de la izquierda abertzale Joseba Permach salió ayer a la palestra tras años de silencio y prisión para pronunciarse sobre el juicio que arranca el jueves en la Audiencia Nacional y en el que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular que representa el Foro Ermua acusan al propio Permach, a Joseba Álvarez y a Arnaldo Otegi de enaltecer el terrorismo durante el acto en el que Batasuna presento la propuesta de Anoeta, el 14 de noviembre de 2004.

El antiguo portavoz de la formación ilegalizada rompió su silencio en Bilbao, y lo hizo para avalar la línea que defiende la izquierda abertzale desde hace meses, que pasa por la defensa de su apuesta por las vías democráticas y pacíficas frente a lo que entiende como "provocaciones" del Estado español, y entre las que se encuentra su propio juicio.

Según Permach, este proceso responde al "absoluto pánico a la confrontación democrática de todos los proyectos", el objetivo que persigue la izquierda abertzale y que según el político zarauztarra nació con la propia propuesta de Anoeta y ha vivido su último episodio con la Declaración de Gernika que firmaron Batasuna, EA y Aralar. "Es precisamente en este momento cuando determinados sectores del Estado deciden poner en marcha este juicio, seis años después", denunció Permach, quien sin embargo advirtió de que Batasuna no variará la "apuesta estructural" en favor de "un proceso de negociación que permita lograr una paz duradera y justa".

Permach, que compareció junto a Joseba Álvarez y a su abogada, Jone Goirizelaia, pidió que ante los movimientos realizados por la izquierda abertzale se adopte "una posición de Estado ante un problema de Estado", como afirma ocurrió en Gran Bretaña cuando se desactivó al IRA, y renuncie a "cainismos" entre PP y PSOE.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una pena de 18 meses de prisión y doce de inhabilitación para Permach, Otegi y Álvarez por un delito de enaltecimiento del terrorismo, mientras que el Foro de Ermua reclama una pena de cinco años de cárcel y veinte de inhabilitación por los mismos delitos, a los que suma los de desobediencia, reunión ilícita y quiebra de medidas cautelares.